El funcionario que inicialmente solicite sólo una evaluación de su
perfil personal laboral podrá optar por abandonar la función pública en
forma definitiva o por renunciar con reserva del cargo por el lapso de un
año, contando para adoptar esta decisión, con un plazo adicional de tres
meses respecto del establecido en el inciso tercero del artículo 11 de
este Decreto.