Determínase normas para impedir la anormalidad en la prestación de
tareas por los empleados de la actividad pública y privada. Establécese sanciones para las actuales situaciones de paralización del trabajo promovidas con fines ajenos al interés gremial. Declárase que las huelgas, paros y diversas formas de trabajo irregular promovidas en la actual
circunstancia, constituyen conductas ilícitas no amparadas por nuestro
derecho positivo.