Al Poder Ejecutivo compete la fijación de la política nacional en
materia de generación y transferencia de tecnología aplicada al sector
agropecuario, contando para ello con el asesoramiento del Instituto. Este
adecuará su actuación a dicha política nacional.
El Instituto se comunicará y coordinará con el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.