TÍTULO 2 - DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL SECCIÓN IV - ACUERDOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES Capítulo XXIX - Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y la República de Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
Artículo 29-T2-S.IV-C.XXIX
Artículo 103°.- Definiciones.-
Para los efectos del presente Acuerdo:
1. El término "inversor" designa a toda persona natural o jurídica de una Parte Contratante que efectúe una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante;
a) el término "persona natural de una Parte Contratante" designa a toda
persona natural que tenga la nacionalidad de esa Parte Contratante de
conformidad con su legislación.
b) el término "persona jurídica de una Parte Contratante" designa a toda
entidad jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro,
constituida de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante
o efectivamente controlada por inversores de esa Parte Contratante.
2. El término "inversiones" incluye todas las clases de bienes y derechos invertidos por un inversor de una Parte Contratante en el territorio de la otra. Entre estos están comprendidos:
a) la propiedad y todos los demás derechos y garantías reales sobre
bienes muebles o inmuebles;
b) las acciones, cuotas sociales o cualquier otra forma de participación
en empresas de cualquier tipo;
c) los derechos al pago de sumas de dinero que se relacionen con una
inversión y los derechos a cualquier prestación contractual;
d) los derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor,
patentes, marcas de fábrica, conocimientos y procesos técnicos,
prestigio y clientela;
e) las concesiones y otros derechos otorgados conforme al Derecho
Público.
3. El término "territorio" incluye, además del territorio terrestre, las áreas marinas y submarinas en las que cualquiera de las Partes Contratantes ejerza o llegue a ejercer, de conformidad con el Derecho Internacional, soberanía o jurisdicción.
Artículo 104°.- Promoción y admisión.-
Cada Parte Contratante promoverá y admitirá en su territorio, de conformidad con su legislación, las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante.
Artículo 105°.- Trato.-
Cada Parte Contratante, de conformidad con las normas y criterios del Derecho Internacional, acordará a las inversiones de inversores de la otra parte Contratante en su territorio, un trato justo y equitativo, les garantizará seguridad y protección jurídica plenas y se abstendrá de obstaculizar con medidas arbitrarias o discriminatorias su administración, gestión, mantenimiento, uso, disfrute, ampliación, venta o liquidación.
El trato que cada Parte Contratante acuerde a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante en su territorio, o a los inversores mismos en lo relacionado con sus inversiones, no será menos favorable que el que acuerde en circunstancias comparables a las inversiones de sus propios inversores o a las de inversores de cualquier tercer Estado, o a dichos inversores en lo relacionado con sus inversiones.
Las disposiciones del párrafo precedente no se aplicarán a las ventajas que una Parte Contratante haya acordado a los inversores de un tercer Estado o a sus inversiones en virtud de su participación o asociación en un tratado de integración, libre comercio, unión aduanera u otros de naturaleza similar, o en virtud de un tratado para evitar la doble tributación.
El presente Acuerdo no impedirá la aplicación de las normas de Derecho Internacional o de la legislación de cualquiera de las Partes Contratantes que existan actualmente o se establezcan en el futuro, que prevean un trato más favorable para las inversiones.
Cada Parte Contratante cumplirá las obligaciones que haya convenido o convenga con un inversor de la otra Parte Contratante respecto del tratamiento de su inversión.
Fuente: Ley 17.441 de 28 de diciembre de 2001, artículo único (Acuerdo
entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno
de la República de Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones, suscrito en Caracas el 20 de mayo de 1997, artículos
1°, 3° y 4°).