A diez años de la promulgación de la Ley General de Cooperativas Nº 18.407, son innumerables los avances para la economía social y solidaria. Es la primera vez en nuestro país que se declara a las cooperativas de interés general e instrumentos eficaces para contribuir al desarrollo económico y social, al fortalecimiento de la democracia y a una más justa distribución de la riqueza.
Se plasmaron nociones fundamentales provenientes del cooperativismo universal, para establecer con precisión una definición de cooperativa, reconocer sus principios rectores, fijar la naturaleza del acto cooperativo y la autonomía de un derecho distintivo.
Se logró dotar a las cooperativas de instrumentos de capitalización para su desarrollo. Se introdujeron novedosas formas de colaboración económica como las corporaciones cooperativas y las cooperativas mixtas. Se pasó de un sistema de contralor atomizado y disperso a otro concentrado.
De esta forma, el Estado pasó a ser responsable de promover políticas públicas orientadas a la economía social, creando el INACOOP como organismo articulador.
Con ello, se comenzaron a desarrollar múltiples políticas orientadas a la capacitación, asistencia técnica y financiamiento de las cooperativas, a incorporar el cooperativismo en la enseñanza formal, mejorar la investigación y los datos estadísticos, en definitiva a impulsar planes de desarrollo cooperativo a nivel nacional. A pesar de su corta existencia, su madurez institucional lo llevó a asumir la responsabilidad del Fondo para el Desarrollo.
Todo esto nos impulsa para seguir afrontando nuevos desafíos, como trabajar sobre un marco regulatorio de la economía social y solidaria, el acceso a las compras públicas, pensar la multiactividad de las cooperativas, mejorar la intercooperación, revertir las asimetrías tributarias, entre otros aspectos.
Seguramente, en ese camino debemos repetir la misma fórmula de diálogo y consenso entre el movimiento cooperativo organizado y otros actores públicos y privados, lo cual permitió que, este verdadero código de la solidaridad, fuera aprobado de forma unánime por el parlamento nacional.
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