Desde agosto de 2012 funciona el “Programa consultorios jurídicos en el interior del país” en el marco de un convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Centro Estudiantes de Derecho (CED) – Facultad de Derecho – Universidad de la República.
El trabajo de extensión universitaria, organizado y bajo la responsabilidad de los estudiantes, se extiende por todos los departamentos del país y, en Montevideo, tiene más de 20 años.
El servicio jurídico gratuito consiste en brindar orientación, patrocinio legal y promoción de derechos a la población en general.
Los asuntos en los que trabajamos no pueden implicar un enriquecimiento para el usuario. Son, principalmente, materia de familia: tenencias, visitas, pensiones alimenticias, divorcios, uniones concubinarias de igual o distinto sexo, cambios de nombre, rectificaciones de partida.
Para poder hacer uso de este servicio, el ingreso del núcleo familiar no puede superar los 2 Salarios Mínimos Nacionales mensuales ($ 20.000).
También organizamos jornadas de información y promoción de derechos para todas las personas sobre temas de interés (salud sexual y reproductiva, tabaquismo, regulación de cannabis, derechos laborales, entre otros).
Cada equipo de trabajo está integrado por un abogado responsable del consultorio y estudiantes honorarios de la Universidad de la República y de Educación Secundaria, en algunos casos.
Hemos recorrido el país en varias oportunidades, lo que nos permite afirmar que el programa es pertinente, está consolidado y tiene una vocación transformadora profunda que hace imprescindible su existencia.
Es por ello que, desde el MIDES y el CED, una vez más, estamos renovando nuestro convenio y, con él, nuestro compromiso institucional para garantizar la continuidad del proyecto.
Todos nosotros somos responsables de la formación de herramientas y condiciones para el fortalecimiento de las capacidades que nos permitan un ejercicio cada vez más consciente y libre de nuestra ciudadanía. Es por ello que debemos trabajar, desde la institucionalidad o sector privado, en el “acortamiento de las distancias” con los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión. El Derecho nos protege y garantiza condiciones de vida dignas a todos, las podemos exigir, debemos acceder.
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