También cesarán en el cargo los funcionarios u obreros de cualquier organismo de la Administración Pública (del Estado, Municipios, Entes
Autónomos, Servicios Descentralizados, etc.), inmiscuídos en ataques o
actividades contrarias al interés de la República y sus instituciones
democráticas republicanas, una vez que la comprobación judicial se haya
producido.