Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir hasta en un 50% (cincuenta por
ciento) las tasas fijadas para la liquidación de los siguientes impuestos:
al Patrimonio de las Personas Físicas, Núcleos Familiares y Sucesiones
Indivisas; a las Trasmisiones Inmobiliarias; a los Contratos y Enseñanza
Primaria.