Deróganse todas las normas que reconocen derechos a funcionarios
públicos y denunciantes con motivo de infracciones administrativas.
Exceptúase los derechos acordados a funcionarios y terceros por denuncia o aprehensión en materia de infracciones aduaneras o contra el
cometido de producir y comercializar alcoholes y bebidas alcohólicas que
tiene a su cargo la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland.