Acuérdase un plazo de un año para retirar de circulación, exhibición y
comercialización todo instrumento de medición reglamentado que no se
ajuste a las disposiciones de esta ley y su reglamentación.
El Poder Ejecutivo queda facultado para prorrogar el plazo acordado en
este artículo por el término de un año.
Igualmente por resolución fundada, podrá el Poder Ejecutivo acordar un
plazo mayor en casos excepcionales.