Las oficinas públicas, entes paraestatales, bancos oficiales y privados,
no darán curso a ninguna petición o gestión de particulares obligados a
obtener la cédula de identidad, ni pagarán sueldos, salarios, jornales,
jubilaciones, pensiones, retiros, beneficios sociales u operaciones de
crédito de cualquier naturaleza, cuando no se tenga constancia del citado
documento.