La autorización a que se refiere el artículo 2.o de la presente ley,
caducará a los sesenta días contados a partir de la fecha de su
otorgamiento, si dentro de ese plazo el acto autorizado no ha tenido
principio de ejecución.
En casos especiales debidamente justificados, podrá el Ministerio de
Economía y Finanzas, siempre que se solicitare dentro de dicho término,
conceder una prórroga por un máximo de hasta otros sesenta días.