Las autoridades públicas continuarán ejerciendo las potestades y
cumpliendo los deberes atinentes a los servicios públicos de saneamiento
y de abastecimiento de agua para el consumo humano que les corresponden,
conforme a los diversos regímenes jurídicos bajo los cuales hasta el
presente se han cumplido por prestadores no estatales, con la finalidad
de mantener la continuidad y regularidad de esos servicios y de lograr la
pronta y adecuada transferencia a la persona jurídica estatal
competente.