Todo funcionario que solicite los beneficios estatuidos en el numeral
2) del artículo 32 deberá presentar declaración jurada de que no tiene
derecho a jubilación.
El funcionario que incurriese en falsedad o error, sin perjuicio de
las sanciones penales que pudiesen corresponder, deberá restituir el
importe pecuniario por cualquiera de los beneficios instituidos, el que
se actualizará conforme al decreto ley 14.500 de 8 de marzo de 1976, con
más los intereses que éste prevé.