El Ministerio de Salud Pública deberá arbitrar las medidas para garantizar la integración de los tribunales en forma permanente -de acuerdo con cada tipo de discapacidad a evaluar- con los profesionales médicos especialistas en el tratamiento de las mismas, a efectos de su certificación. El tribunal deberá estar integrado por al menos un médico, un psicólogo y un asistente social.