Visto: La necesidad de coordinar a nivel nacional los procedimientos de
gestión y acceso al crédito de fuentes externas, en particular cuando la
República asume la responsabilidad directa del prestatario o las
obligaciones del garante.
Resultando: I) que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Economía y Finanzas, le compete la conducción superior de la política
nacional en materia económica y financiera, la coordinación y el contralor
de la planificación económica y su ejecución así como el régimen de
créditos y deuda pública;
II) que al Banco Central del Uruguay le compete asesorar al Poder
Ejecutivo en materia de fijación de las condiciones bajo las cuales las
entidades estatales pueden contraer obligaciones internacionales;
III) que a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le corresponde
coordinar a nivel nacional los procedimientos de gestión y acceso al
crédito externo, así como el seguimiento de los proyectos de inversión
pública;
Considerando: I) que previo a asumir los costos de una deuda externa es
necesario evaluar cada iniciativa, tanto a nivel de su factibilidad
preliminar como de proyecto definitivo, a la luz de la política económica
y financiera;
II) que para un adecuado aprovechamiento de dichos créditos, el organismo
beneficiario debe estar en condiciones de cumplir una serie de requisitos,
antes de la suscripción del préstamo;
III) que una vez asumido el compromiso internacional, el beneficiario debe
satisfacer las condiciones que lo habiliten al primer y subsiguientes
desembolsos;
IV) que, por lo tanto, deben evitarse retrasos en el cumplimiento de las
obligaciones pactadas que generen costos-extra por comisión de compromiso
y posterguen los beneficios de la inversión;
V) que, por consiguiente, es conveniente mantener una visión global y
actualizada del proceso inversión-crédito externo, tanto a nivel de
gestión y ejecución de proyectos, como de uso del financiamiento; lo que
supone una tarea de coordinación y supervisión constantes;
VI) que por las razones expuestas precedentemente, y sin perjuicio de la
facultad que tiene el Poder Ejecutivo por decreto Nº 108/992 de 16 de
marzo de 1992 para autorizar la concertación de convenios internacionales,
corresponde establecer que toda gestión inicial con entidades de crédito
requiere previamente la autorización de dicho Poder, cuando el prestatario
o garante sea la República;
Atento: a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 13.608 de 8 de
setiembre de 1967, en el artículo 4º del Decreto Nº 574/974 de 12 de julio
de 1974, en el artículo 2, numerales 1º, 2º, 3º y 6º del Decreto Nº
573/990 de 12 de diciembre de 1990 y en el Decreto Nº 374/991 de 22 de
julio de 1991;
El Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros
DECRETA:
Artículo 1
Compete exclusivamente al Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Ministerio
de Economía y Finanzas, y el Ministro del ramo en su caso, autorizar toda
gestión tendiente a la obtención de préstamos de organismos
internacionales, instituciones o gobiernos extranjeros, en los que la
República deba asumir la responsabilidad directa del prestatario o las
obligaciones del garante, al suscribir los convenios respectivos.
LACALLE HERRERA - RAUL ITURRIA - SERGIO ABREU - IGNACIO DE POSADAS
MONTERO - DANIEL HUGO MARTINS - ANTONIO MERCADER - JUAN CARLOS RAFFO - EDUARDO ACHE - RICARDO REILLY - GUILLERMO GARCIA COSTA - PEDRO SARAVIA - JOSE VILLAR GOMEZ - JULIO C. BALIÑO