El plazo de 90 días a que refiere el presente decreto se interrumpirá a
partir de la elevación de la propuesta de redistribución por la Oficina
Nacional del Servicio Civil hasta tanto el Poder Ejecutivo proceda a
dictar el acto de redistribución. En caso de que en definitiva no fuere
aprobado, el cómputo se reiniciará a partir de su devolución a aquella
Oficina Nacional.