CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RESTITUCION INTERNACIONAL
DE MENORES
Aprobado/a por: Ley Nº 17.335 de 17/05/2001 artículo 1.
AMBITO DE APLICACION
Artículo 1
La presente Convención tiene por objeto asegurar la pronta restitución de
menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte y
hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado
Parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos
ilegalmente. Es también objeto de esta Convención hacer respetar el
ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guarda por parte de
sus titulares.
Artículo 2
Para los efectos de esta Convención se considera menor a toda persona que
no haya cumplido dieciseis años de edad.
Artículo 3
Para los efectos de esta Convención:
a. El derecho de custodia o guarda comprende el derecho relativo al
cuidado del menor y, en especial, el de decidir su lugar de
residencia;
b. El derecho de visita comprende la facultad de llevar al menor por
un período limitado a un lugar diferente al de su residencia habitual.
Artículo 4
Se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando se
produzca en violación de los derechos que ejercía, individual o
conjuntamente, los padres, tutores o guardadores, o cualquier
institución, inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con
la ley de la residencia habitual del menor.
Artículo 5
Podrán instaurar el procedimiento de restitución de menores, en ejercicio
del derecho de custodia o de otro similar, las personas e instituciones
designadas en el Artículo 4.
Artículo 6
Son competentes para conocer de la solicitud de restitución de menores a
que se refiere esta Convención, las autoridades judiciales o
administrativas del Estado Parte donde el menor tuviere su residencia
habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención.
A opción del actor y cuando existan razones de urgencia, podrá
presentarse la solicitud de restitución ante las autoridades del Estado
Parte en cuyo territorio se encontrare o se supone se encontrare el menor
ilegalmente trasladado o retenido, al momento de efectuarse dicha
solicitud; igualmente, ante las autoridades del Estado parte donde se
hubiere producido el hecho ilícito que dio motivo a la reclamación.
El hecho de promover la solicitud bajo las condiciones previstas en el
párrafo anterior no conlleva modificación de las normas de competencia
internacional definidas en el primer párrafo de este artículo.
AUTORIDAD CENTRAL
Artículo 7
Para los efectos de esta Convención cada Estado Parte designará una
autoridad central encargada del cumplimiento de las obligaciones que le
establece esta Convención, y comunicará dicha designación a la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.
En especial, la autoridad central colaborará con los actores del
procedimiento y con las autoridades competentes de los respectivos
Estados para obtener la localización y la restitución del menor;
asimismo, llevará a cabo los arreglos que faciliten el rápido regreso y
la recepción del menor, auxiliando a los interesados en la obtención de
los documentos necesarios para el procedimiento previsto en esta
Convención.
Las autoridades centrales de los Estados parte cooperarán entre sí e
intercambiarán información sobre el funcionamiento de la Convención con
el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y los otros
objetivos de esta Convención.
PROCEDIMIENTO PARA LA RESTITUCION
Artículo 8
Los titulares del procedimiento de restitución podrán ejercitarlo
conforme a lo dispuesto en el Artículo 6, de la siguiente forma:
a. A través de exhorto o carta rogatoria; o
b. Mediante solicitud a la autoridad central, o
c. Directamente, o por la vía diplomática o consular.
Artículo 9
1. La solicitud o demanda a que se refiere el artículo anterior, deberá
contener:
a. Los antecedentes o hechos relativos al traslado o retención, así como
la información suficiente respecto a la identidad del solicitante,
del menor sustraido o retenido y, de ser posible, de la persona a
quien se imputa el traslado o la retención;
b. La información pertinente relativa a la presunta ubicación del menor,
a las circunstancias y fechas en que se realizó el traslado al
extranjero o al vencimiento del plazo autorizado, y
c. Los fundamentos de derecho en que se apoya la restitución del menor.
2. A la solicitud o demanda se deberá acompañar:
a. Copia íntegra y auténtica de cualquier resolución judicial o
administrativa si existiera, o del acuerdo que lo motive; la
comprobación sumaria de la situación fáctica existente o, según el
caso, la alegación del derecho respectivo aplicable;
b. Documentación auténtica que acredite la legitimación procesal del
solicitante;
c. Certificación o información expedida por la autoridad central del
Estado de residencia habitual del menor o de alguna otra autoridad
competente del mismo Estado, en relación con el derecho vigente en la
materia en dicho Estado;
d. Cuando sea necesario, traducción al idioma oficial del Estado
requerido de todos los documentos a que se refiere este artículo, y
e. Indicación de las medidas indispensables para hacer efectivo el
retorno.
3. La autoridad competente podrá prescindir de alguno de los requisitos o
de la presentación de los documentos exigidos en este artículo si, a su
juicio, se justificare la restitución.
4. Los exhortos, las solicitudes y los documentos que los acompañaren no
requerirán de legalización cuando se transmitan por la vía diplomática o
consular, o por intermedio de la autoridad central.
Artículo 10
El juez exhortado, la autoridad central u otras autoridades del Estado
donde se encuentra el menor, adoptarán, de conformidad con su derecho y
cuando sea pertinente, todas las medidas que sean adecuadas para la
devolución voluntaria del menor.
Si la devolución no se obtuviere en forma voluntaria, las autoridades
judiciales o administrativas, previa comprobación del cumplimiento de los
requisitos exigidos por el Artículo 9 y sin más trámite, tomarán
conocimiento personal del menor, adoptarán las medidas necesarias para
asegurar su custodia o guarda provisional en las condiciones que
consejaren las circunstancias y, si fuere procedente, dispondrán sin
demora su restitución. En este caso, se le comunicará a la institución
que, conforme a su derecho interno, corresponda tutelar los derechos del
menor.
Asimismo, mientras se resuelve la petición de restitución, las
autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para impedir la
salida del menor del territorio de su jurisdicción.
Artículo 11
La autoridad judicial o administrativa del estado requerido no estará
obligada a ordenar la restitución del menor, cuando la persona o la
institución que presentare oposición demuestre:
a. Que los titulares de la solicitud o demanda de restitución no
ejercían efectivamente su derecho en el momento del traslado o de la
retención, o hubieren consentido o prestado su anuencia con
posterioridad a tal traslado o retención, o
b. Que existiere un riesgo grave de que la restitución del menor
pudiere exponerle a un peligro físico o psíquico.
La autoridad exhortada puede también rechazar la restitución del menor si
comprobare que éste se opone a regresar y a juicio de aquélla, la edad y
madurez del menor justificase tomar en cuenta su opinión.
Artículo 12
La oposición fundamentada a la que se refiere el artículo anterior deberá
presentarse dentro del término de ocho días hábiles contados a partir del
momento en que la autoridad tomare conocimiento personal del menor y lo
hiciere saber a quien lo retiene.
Las autoridades judiciales o administrativas evaluarán las circunstancias
y las pruebas que aporte la parte opositora para fundar la negativa.
Deberán enterarse del derecho aplicable y de los precedentes
jurisprudenciales o administrativos existentes en el estado de la
residencia habitual del menor, y requerirán, en caso de ser necesario, la
asistencia de las autoridades centrales, o de los agentes diplomáticos o
consulares de los Estados Parte.
Dentro de los sesenta días calendario siguientes a la recepción de la
oposición, la autoridad judicial o administrativa dictará la resolución
correspondiente.
Artículo 13
Si dentro del plazo de cuarenta y cinco días calendario desde que fuere
recibida por la autoridad requirente la resolución por la cual se dispone
la entrega, no se hubieren tomado las medidas necesarias para hacer
efectivo el traslado del menor, quedarán sin efecto la restitución
ordenada y las providencias adoptadas.
Los gastos del traslado estarán a cargo del actor; en caso de que éste
careciere de recursos económicos, las autoridades del Estado requirente
podrán facilitar los gastos del traslado, sin perjuicio de repetir los
mismos contra quien resultare responsable del desplazamiento o retención
ilegal.
Artículo 14
Los procedimientos previstos en esta Convención deberán ser instaurados
dentro del plazo de un año calendario contado a partir de la fecha en que
el menor hubiere sido trasladado o retenido ilegalmente.
Respecto de menores cuyo paradero se desconozca, el plazo se computará a
partir del momento en que fueren precisa y efectivamente localizados.
Por excepción el vencimiento del plazo del año no impide que se acceda a
la solicitud de restitución si a criterio de la autoridad requerida lo
justifican las circunstancias del caso, a menos que se demostrare que el
menor se ha integrado a su nuevo entorno.
Artículo 15
La restitución del menor no implica prejuzgamiento sobre la determinación
definitiva de su custodia o guarda.
Artículo 16
Después de haber sido informadas del traslado ilícito de un menor o de su
retención en el marco del Artículo 4, las autoridades judiciales o
administrativas del Estado Parte a donde el menor ha sido trasladado o
donde está retenido, no podrán decidir sobre el fondo del derecho de
guarda hasta que se demuestre que no se reúnen las condiciones de la
Convención para un retorno del menor o hasta que un período razonable
haya transcurrido sin que haya sido presentada una solicitud de
aplicación de esta Convención.
Artículo 17
Las disposiciones anteriores que sean pertinentes no limitan el poder de
la autoridad judicial o administrativa para ordenar la restitución del
menor en cualquier momento.
LOCALIZACION DE MENORES
Artículo 18
La autoridad central, o las autoridades judiciales o administrativas de
un Estado Parte, a solicitud de cualquiera de las personas mencionadas en
el Artículo 5 así como éstas directamente, podrán requerir de las
autoridades competentes de otro Estado Parte la localización de menores
que tengan la residencia habitual en el Estado de la autoridad
solicitante y que presuntamente se encuentran en forma ilegal en el
territorio del otro Estado.
La solicitud deberá ser acompañada de toda la información que suministre
el solicitante o recabe la autoridad requirente, concerniente a la
localización del menor y a la identidad de la persona con la cual se
presume se encuentra aquél.
Artículo 19
La autoridad central o las autoridades judiciales o administrativas de un
Estado Parte que, a raíz de la solicitud a que se refiere el artículo
anterior, llegaren a conocer que en su jurisdicción se encuentra un menor
ilegalmente fuera de su residencia habitual, deberán adoptar de inmediato
todas las medidas que sean conducentes para asegurar su salud y evitar su
ocultamiento o traslado a otra jurisdicción.
La localización se comunicará a las autoridades del Estado requirente.
Artículo 20
Si la restitución no fuere solicitada dentro del plazo de sesenta días
calendario, contados a partir de la comunicación de la localización del
menor a las autoridades del Estado requirente, las medidas adoptadas en
virtud del Artículo 19 podrán quedar sin efecto.
El levantamiento de las medidas no impedirá el ejercicio del derecho a
solicitar la restitución, de acuerdo con los procedimientos y plazos
establecidos en esta Convención.
DERECHO DE VISITA
Artículo 21
La solicitud que tuviere por objeto hacer respetar el ejercicio de los
derechos de visita por parte de sus titulares podrá ser dirigida a las
autoridades competentes de cualquier Estado Parte conforme a lo dispuesto
en el Artículo 6 de la presente Convención. El procedimiento respectivo
será el previsto en esta Convención para la restitución del menor.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 22
Los exhortos y solicitudes relativas a la restitución y localización
podrán ser transmitidos al órgano requerido por las propias partes
interesadas, por vía judicial, por intermedio de los agentes diplomáticos
o consulares, o por la autoridad central competente del Estado
requierente o requerido, según el caso.
Artículo 23
La tramitación de los exhortos o solicitudes contemplados en la presente
Convención y las medidas a que diere lugar, serán gratuitas y estarán
exentas de cualquier clase de impuesto, depósito o caución, cualquiera
que sea su denominación.
Si los interesados en la tramitación del exhorto o solicitud hubieren
designado apoderado en el foro requerido, los gastos y honorarios que
ocasionare el ejercicio del poder que otorgue, estarán a su cargo.
Sin embargo, al ordenar la restitución de un menor conforme a lo
dispuesto en la presente Convención, las autoridades competentes podrán
disponer, atendiendo a las circunstancias del caso, que la persona que
trasladó o retuvo ilegalmente al menor pague los gastos necesarios en que
haya incurrido el demandante, los otros incurridos en la localización del
menor, así como las costas y gastos inherentes a su restitución.
Artículo 24
Las diligencias y trámites necesarios para hacer efectivo el cumplimiento
de los exhortos o cartas rogatorias deben ser practicados directamente
por la autoridad exhortada, y no requieren intervención de parte
interesada. Lo anterior no obsta para que las partes intervengan por sí o
por intermedio de apoderado.
Artículo 25
La restitución del menor dispuesta conforme a la presente Convención
podrá negarse cuando sea manifiestamente violatoria de los principios
fundamentales del Estado requerido consagrados en instrumentos de
carácter universal y regional sobre derechos humanos y del niño.
Artículo 26
La presente Convención no será obstáculo para que las autoridades
competentes ordenen la restitución inmediata del menor cuando el traslado
o retención del mismo constituya delito.
Artículo 27
El Instituto Interamericano del Niño tendrá a su cargo, como Organismo
Especializado de la Organización de los Estados Americanos, coordinar las
actividades de las autoridades centrales en el ámbito de esta Convención,
así como las atribuciones para recibir y evaluar información de los
Estados Parte de esta Convención derivada de la aplicación de la misma.
Igualmente, tendrá a su cargo la tarea de cooperación con otros
Organismos Internacionales competentes en la materia.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 28
La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros
de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 29
La presente Convención esta sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
Artículo 30
La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro
Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 31
Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al momento
de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva
verse sobre una o más disposiciones específicas, y que no sea
incompatible con el objeto y fines de esta Convención.
Artículo 32
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que
rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas
en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma,
ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus
unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones
ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades
territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas
declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días
después de recibidas.
Artículo 33
Respecto a un Estado que tenga en materia de guarda de menores dos o más
sistemas de derecho aplicable en unidades territoriales diferentes:
a. Cualquier referencia a la residencia habitual en ese Estado contempla
la residencia habitual en una unidad territorial de ese Estado;
b. Cualquier referencia a la ley del Estado de la residencia habitual
contempla la ley de la unidad territorial en la que el menor tiene su
residencia habitual.
Artículo 34
Entre los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos
que fueren parte de esta Convención y de la Convención de La Haya del 25
de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional
de Menores, regirá la presente Convención.
Sin embargo, los Estados Parte podrán convenir entre ellos de forma
bilateral la aplicación prioritaria de la citada Convención de La Haya
del 25 de octubre de 1980.
Artículo 35
La presente Convención no restringirá las disposiciones de convenciones
que sobre esta misma materia hubieran sido suscritas o que se
suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los
Estados Parte, o las prácticas mas favorables que dichos Estados pudieren
observar en la materia.
Artículo 36
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de
ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 37
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito
del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el
Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Parte.
Artículo 38
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto a la Secretaría de
las Naciones Unidas, para su registro y publicación, de conformidad con
el Artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros
de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención,
las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y
denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá las
declaraciones previstas en los artículos pertinentes de la presente
Convención.
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente
Convención.
HECHA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, el día
quince de julio de mil novecientos ochenta y nueve.
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