Incurrirá en omisión todo funcionario público que desempeñando cargos de dirección, inspección, contralor, fiscalización y/o asesoramiento en
cualquier órgano público de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, o del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Servicios Descentralizados, Entes Autónomos o Gobiernos Departamentales intervenga como Director, Administrador, empleado, Asesor o con funciones de asesoramiento y/o fiscalización en
empresas que contraten obras o suministros con el órgano de que forman
parte, así como también cuando tramiten o dirijan asuntos de terceros
ante el mismo.
Los funcionarios a que se refiere el inciso anterior deberán formular
anualmente ante el Instituto de que forman parte, declaración jurada de las empresas privadas en las que tengan intereses.