Todo diligenciamiento probatorio o cualquier información recabada por
cualquier autoridad pública, deberá tramitarse, si tuviera atinencia con operativos vinculados a la materia a que se refiere el Capítulo VI bis
del Código Penal Militar, por ante el órgano competente de la Justicia Militar.
Quedan excluidos del aludido diligenciamiento las situaciones que directa o indirectamente pudieran importar develación de secretos militares, los que podrán ser determinados por el Poder Ejecutivo, siendo
aplicables en esos casos al funcionario requerido los artículos 29 del Código Penal y 60 (I) apartado 3° del Código Penal Militar.
Las normas procesales referidas en la presente disposición retrotraen sus efectos al 9 de setiembre de 1971.