Créase la "Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo" como órgano desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República, la que actuará con autonomía técnica.
La misma sustituirá en todo a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos creada por Decreto N° 239/009, de 20 de mayo de 2009, por lo que toda mención hecha a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos deberá entenderse hecha a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo mantendrá los cometidos asignados a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, además de los siguientes:
1) Coordinar la ejecución de las políticas nacionales en materia de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo en coordinación
con los distintos organismos involucrados.
2) Coordinar y ejecutar, en forma permanente, los programas de
capacitación definidos por la Comisión Coordinadora contra el
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo destinados a:
A) Personal de las entidades bancarias públicas y privadas y
demás instituciones o empresas comprendidas en los
artículos 1° de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de
2004, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley
N° 18.494, de 5 de junio de 2009 y 2° de la Ley N° 17.835,
en la redacción dada por el artículo 50 de la presente
ley.
B) Los operadores del derecho en materia de prevención y
represión de las actividades previstas en la ley
mencionada en el literal anterior (Jueces, Actuarios y
otros funcionarios del Poder Judicial, Fiscales y Asesores
del Ministerio Público y Fiscal).
C) Los funcionarios de los Ministerios del Interior, de
Defensa Nacional, de Economía y Finanzas y de Relaciones
Exteriores.
La capacitación podrá hacerse extensiva a los funcionarios
de todas las entidades públicas o privadas relacionadas
con la temática del lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo.
3) El control del cumplimiento de las normas de prevención de lavado
de activos y financiamiento del terrorismo por parte de los
sujetos obligados por el artículo 2° de la Ley N° 17.835, en la
redacción dada por el artículo 50 de la presente ley. A tales
efectos el órgano de control dispondrá de las más amplias
facultades de investigación y fiscalización y especialmente
podrá:
A) Exigir a los sujetos obligados por el artículo 2° de la
Ley N° 17.835, en la redacción dada por el artículo 50 de
la presente ley, la exhibición de todo tipo de documentos,
propios y ajenos, y requerir su comparecencia ante la
autoridad administrativa para proporcionar informaciones.
La no comparecencia a más de dos citaciones consecutivas
aparejará la aplicación de una multa de acuerdo con la
escala establecida por dicho artículo.
B) Practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles
detentados u ocupados, a cualquier título, por los sujetos
obligados. Solo podrán inspeccionarse domicilios
particulares con previa orden judicial de allanamiento.
A todos los efectos se entenderá como domicilio válido del
sujeto obligado el constituido por el mismo ante la
Dirección General Impositiva. En caso de sujetos obligados
no inscriptos en la Dirección General Impositiva se estará
al domicilio que se proporcione por la Jefatura de Policía
Departamental que corresponda.
Deróganse todas las normas que en virtud del artículo 2°
de la Ley N° 17.835, en la redacción dada por el artículo
1° de la Ley N° 18.494, de 5 de junio de 2009, hayan
encomendado cometidos a cualquier otro organismo del
Estado.
4) Suscribir convenios con entidades nacionales e internacionales,
para el cumplimiento de sus cometidos, a cuyo efecto recabará
previamente la conformidad de la Presidencia de la República.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo estará a cargo de un Secretario Nacional, quien diseñará las líneas generales de acción para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El mismo será designado por el Presidente de la República, debiendo ser persona de reconocida competencia en la materia.
El Secretario Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
A) Convocar a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y
el Financiamiento del Terrorismo.
B) Supervisar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades
de apoyo técnico y administrativo necesarias para el
funcionamiento de dicha Comisión Coordinadora.
C) Comunicarse y requerir información de todas las dependencias del
Estado para el mejor cumplimiento de los cometidos de la Comisión
Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo. Las dependencias del Poder Ejecutivo deberán brindar
toda la información solicitada en el plazo más breve posible.
Los entes autónomos y servicios descentralizados colaborarán con
las solicitudes formuladas.
D) Promover y coordinar las acciones referidas al problema de lavado
de activos y delitos económico-financieros relacionados y el
financiamiento del terrorismo.
E) Implementar las actividades de capacitación en la materia,
coordinando programas y convocatorias con el Poder Judicial, los
Ministerios de Economía y Finanzas, de Defensa Nacional, del
Interior y de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público y
Fiscal y demás organismos y entidades públicas y privadas que
corresponda.
F) Promover la realización periódica de eventos que posibiliten la
coordinación de acciones y la unificación de criterios entre las
distintas instituciones públicas y privadas involucradas en la
temática del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
G) Actuar como Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica y asumir la representación del país
ante el Grupo de Expertos en Lavado de Activos de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas de la
Organización de Estados Americanos y demás organismos
especializados en la materia.
H) Procurar la obtención de la cooperación necesaria para el mejor
cumplimiento de los cometidos de la Secretaría Nacional para la
Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo en materia de capacitación y difusión, coordinando
acciones a estos efectos con organismos y entidades nacionales e
internacionales.