El funcionario público que requerido por la Comisión Investigadora
diere informaciones falsas en todo o en parte, ocultare, adulteraré,
destruyera documentos o estorbaré de cualquier manera las indagaciones
decretadas, será castigado con tres meses de prisión a ocho años de
penitenciaría e inhabilitación especial por el término de seis meses a
dos años.