Los ingresos que se produzcan al amparo de la presente ley deberán
efectuarse con anterioridad al 31 de diciembre de 2013.
Se faculta a las tres instituciones a ajustar la estructura de cargos y
los créditos presupuestales a fin de permitir dichos ingresos. Tales
ajustes deberán contar con la previa aprobación e informe favorable de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Tribunal de Cuentas.