Dada la necesidad de que el Poder Ejecutivo dicte los actos
administrativos de naturaleza reglamentaria que correspondan, las tareas
encomendadas deberán estar cumplidas y finalizadas perentoriamente en el
plazo máximo de noventa días, que se desglosa de la siguiente forma:
treinta días para efectuar la recopilación de la normativa general vigente
en materia de puertos y navegación comercial, treinta días para realizar
la revisión de dicha normativa y treinta días para finalizar la adaptación
de aquella normativa conforme a los lineamientos de la nueva política
nacional en materia de reforma portuaria. Los plazos se computarán en días
corridos. Al vencimiento de cada uno de ellos, deberá elevarse al
Ministerio de Transporte y Obras Públicas el informe pertinente con los
antecedentes documentales que correspondan.