Visto: estas actuaciones por las cuales la señora María Elvira Salvo
Ferreri, titular del servicio de televisión de Canal 12 de TV en la
ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro, solicita autorización
para transferir dicha titularidad a la Sociedad Anónima "Río Uruguay TV
Fray Bentos S.A.", con acciones nominativas integradas por la gestionante
y el señor Carlos Lorenzo Romay Eccher.
Resultando: que de conformidad con la Resolución del Poder Ejecutivo
38.564 de 27 de enero de 1966, se autorizó a la señora María Elvira Salvo
Ferreri el usufructo del Canal 12 de TV en la ciudad de Fray Bentos.
Considerando: I) que la Dirección Nacional de Comunicaciones informa que
no existen inconvenientes para que se acceda a lo solicitado.
II) que se han cumplido los extremos previstos por el Decreto 586/990 de
18 de diciembre de 1990.
III) que los integrantes de Canal 12 de TV titulares de acciones
nominativas cumplieron con las exigencias establecidas en el decreto
734/978 de 20 de diciembre de 1978.
IV) que aún no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto
347/992 de 21 de julio de 1992, teniendo un plazo de cuatro meses para
realizar el llamado público a acreedores.
Atento: a lo establecido por el Decreto-Ley 14.670 de 23 de julio de
1977, Decreto-Ley 15.671 de 8 de noviembre de 1984, Decreto 734/978 de
20 de diciembre de 1978, Decreto 350/986 de 8 de julio de 1986,
Decreto 586/990 de 18 de diciembre de 1990, Decreto 347/992 de 21 de
julio de 1992 y a lo informado por la Dirección Nacional de
Comunicaciones y por la Asesoría Letrada del Ministerio de Defensa
Nacional.
El Presidente de la República
RESUELVE:
Autorízase la transferencia de la titularidad del Canal 12 de TV de
Fray Bentos, de la señora María Elvira Salvo Ferreri, a la Sociedad
Anónima "Río Uruguay TV Fray Bentos S.A.", por acciones nominativas la que
quedará integrada por la señora María Elvira Salvo Ferreri y el señor
Carlos Lorenzo Romay Eccher.
Establécese un plazo no mayor a 4 meses, para que el anterior
titular de Canal 12 de TV acredite ante la Dirección Nacional de
Comunicaciones, haber realizado el llamado a acreedores establecido por el
Decreto 347/992 de 21 de julio de 1992.