El sobrepeso, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y otros factores de riesgo están íntimamente vinculados al tipo de alimentación y favorecen el desarrollo de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECT) que, a través de la educación, pueden prevenirse desde la infancia.
Atendiendo a estos antecedentes, en el año 2013 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 19.140 sobre Alimentación Saludable en los Centros de Enseñanza, cuya finalidad es proteger la salud de la población infantil y adolescente que asiste a establecimientos escolares y liceales, públicos y privados, a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables, como forma de contribuir a la prevención del sobrepeso, la obesidad, hipertensión arterial y así en las ECT vinculadas a los mismos.
La normativa establece que los ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública deben implementarla y garantizar su cumplimiento. Con este fin, se conformó una comisión integrada por Nicolás Pons, en representación del MEC y por Ana Noble del MSP. Desde el MEC, se planteó la necesidad de incorporar además a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) como actor determinante y vehiculizador de las medidas adoptadas para los centros educativos.
Pons explicó que este ámbito “surge como una necesidad imperiosa de dar a conocer los contenidos de la ley” y añadió que desde aquí se “instrumentó una estrategia de difusión, donde el IMPO jugó un papel sustantivo”. Durante todo el año 2014 se implementó una campaña masiva en todos los centros de enseñanza a través de una serie de materiales impresos a fin de concientizar sobre los aspectos centrales vinculados a la promoción de una alimentación saludable en general, pero con foco en los centros educativos, quienes cumplieron un papel sustancial en la promoción de esta política.
“Se trata de generar un proceso de concientización en la ciudadanía del rol que le ocupa a la alimentación como un elemento determinante en la promoción de la salud de cualquier ser humano. Hay un conjunto de alimentos que son los que se intenta promocionar a través de distintos mecanismos, mediante una lista que el MSP difunde y que los centros educativos deben promocionar”, expresó.
La promoción del consumo de agua potable y la eliminación de los saleros en las cafeterías de escuelas y liceos fueron otras de las principales medidas impulsadas por la comisión. El impacto de estas acciones tuvo un “resultado masivo por excelencia, porque el papel de la ANEP fue clave, comprometiendo al Programa de Alimentación Escolar de Primaria y generando los mecanismos por los cuales la alimentación en los comedores escolares es en cantidad y calidad acorde a lo contemplado por la ley”, dijo Pons.
El impacto también fue relevante en los centros educativos privados -continuó el representante del MEC- ya que los docentes y las familias de los estudiantes actúan como mecanismos denunciantes frente a situaciones de vulneración o que no están contempladas en la ley.
Sobre las metas trazadas por la Comisión para los próximos meses, Pons señaló que “el desafío más importante está en la órbita de la enseñanza media donde hay que ajustar elementos para poner el acento en la articulación de la ley”.
Además destacó la buena respuesta de la sociedad ante la puesta en práctica de estas medidas. “La ciudadanía lo ha visto con buenos ojos y entendió que es un mensaje muy importante desde una política pública”, concluyó.
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