En todo tiempo, tanto el Poder Ejecutivo como el Instituto, de oficio o a petición de parte interesada, pueden dejar sin efecto, total o parcialmente, cualquier resolución definitiva que hubiesen dictado en las gestiones de su competencia, si comprobasen que ella fue determinada por fundamentos de hecho o de derecho erróneos, o por la ignorancia de ciertos antecedentes o circunstancias; pero en ningún caso esas revocatorias o modificaciones cuando sean de oficio, tendrán efecto retroactivo.