El presente decreto-ley es de aplicación obligatoria a los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios, de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, salvo los empleos diplomáticos, consulares, docentes, militares, navales, policiales de institutos penales, bancarios y de judicatura, que se regirán por leyes especiales en vigencia o a dictarse.