Créase por una sola vez un adicional del 25% (veinticinco por ciento)
al Impuesto al Patrimonio que deba liquidarse por los ejercicios fiscales
iniciados a partir del 1º de enero de 1982. El Poder Ejecutivo
reglamentará la forma y condiciones de percepción de este impuesto,
quedando facultado a requerir pagos a cuenta.