Quienes deban cobrar dietas, sueldos o percibir de los organismos
públicos sumas de dinero que por cualquier concepto se les adeude, no
podrán hacerlo sin acreditar que han votado, pagado la multa, justificado
el incumplimiento, o que no están alcanzados por la obligación de votar.
Esta prueba será exigible a partir de los ciento ochenta días
siguientes a la elección y durante el término de seis meses y se entiende
por una sola vez cuando se trate de cobros por la misma causal y ante el
mismo organismo.