La Corte Electoral y sus dependencias, el Registro de Procesados y Condenados a cargo del Instituto Técnico Forense y las demás oficinas públicas que lleven registros cuyos datos interesen a los fines de la identificación civil quedan obligados a prestar el concurso que les solicite la Dirección Nacional de Identificación Civil, de acuerdo con lo que al respecto establezca la reglamentación de esta ley.