Deróganse todas las normas que reconocen derechos a
funcionarios públicos y denunciantes con motivo de infracciones
administrativas.
Exceptúase los derechos acordados a funcionarios y terceros por
denuncia o aprehensión en materia de infracciones aduaneras o contra el
cometido de producir y comercializar alcoholes y bebidas alcohólicas que
tiene a su cargo la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland.