Los titulares de derechos mineros y los contratistas
habilitados para desarrollar actividad minera, están obligados a permitir
el acceso y facilitar todas las tareas de inspección y fiscalización a los
funcionarios y técnicos autorizados de la Dirección Nacional de Minería y
Geología bajo pena de sanciones, que pueden llegar a la caducidad del
derecho minero otorgado.