Una persona física o jurídica podrá ser titular de un
número indeterminado de concesiones para explotar hasta un máximo de 1.000
hectáreas para un mismo mineral.
El Poder Ejecutivo podrá autorizar que se exceda el área máxima si
los programas de explotación, de industrialización o por razones fundadas
en factores de mercado, hacen necesario disponer de un área superior al
máximo.
En ningún caso, el máximo básico podrá excederse si conduce al minero
a la situación de único explotador de un mineral determinado.