Los bienes y mercaderías comercializados en las ciudades de Rivera y
Chuy, al amparo de lo dispuesto por el decreto 222/986 de 23 de abril de
1986 y el presente decreto, no podrán ser introducidos al resto del
territorio nacional.
Las personas que no cumplan con lo dispuesto en el inciso anterior,
quedarán sometidas a la legislación penal ordinaria en cuanto a la
eventual comisión de actos presuntamente delictivos.