La citada Junta estará integrada por representantes de la Suprema Corte
de Justicia, la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, el
Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Deporte y Juventud
(Instituto Nacional de la Juventud), la Dirección Nacional de Cárceles,
Penitenciarías y Centros de Recuperación, el Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados, y la Sociedad Civil. El Instituto Nacional de
Criminología participará de la Junta Representativa como órgano asesor
con voz y sin voto.
La Junta reglamentará su funcionamiento en un plazo no mayor a los 120
días a partir de la vigencia del presente decreto.