REGLAMENTACION DE LA LEY Ley 20.506, RELATIVA A LA PROMOCION DEL TRABAJO DIGNO Y DECENTE DE LAS PERSONAS QUE ENFRENTAN MAYORES OBSTACULOS O RESTRICCIONES PARA ACCEDER AL MERCADO LABORAL




Promulgación: 12/11/2026
Publicación: 17/11/2026
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
Reglamentario/a de: Ley Nº 20.506 de 26/06/2026.
   VISTO: la promulgación de la Ley N° 20.506, de 26 de junio de 2026;

   RESULTANDO: que la misma tiene por objeto la promoción del trabajo digno y decente de las personas que enfrentan mayores obstáculos o restricciones para acceder al mercado laboral;

   CONSIDERANDO: I) que corresponde al Estado implementar políticas públicas que promuevan el acceso al empleo y generen oportunidades para toda la ciudadanía, particularmente aquellas personas que enfrentan mayores restricciones de acceso al mercado laboral;
   II) que, en ese sentido, la referida ley se orienta a fortalecer las políticas activas de empleo mediante instrumentos que faciliten la inserción laboral de las personas jóvenes, de las personas mayores de 45 (cuarenta y cinco) años, de las mujeres jefas de hogares monoparentales, de las personas afrodescendientes, de las madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 (quince) años de edad, de las personas en situación de discapacidad, de las personas trans y de las personas privadas de libertad en una unidad del Instituto Nacional de Rehabilitación o del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, las personas sujetas a medidas alternativas a la privación de libertad y las personas puestas en libertad hasta 3 (tres) años de su liberación;

   III) que a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley N° 20.506, de 26 de junio de 2026 y posibilitar su implementación, es necesario reglamentar diversos aspectos de lo establecido por la misma;
   IV) que, de esta manera, la norma reglamentaria tiene como objetivo desarrollar instrumentos simples, inclusivos y efectivos que contribuyan a mejorar las oportunidades de inserción laboral y a fortalecer el desarrollo productivo y social del país;

   ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo prescripto por la Ley N° 20.506, de 26 de junio de 2026 y a lo dispuesto por el numeral 4° del artículo 168 de la Constitución de la República;

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
                                 DECRETA:

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Sección Única

Artículo 1

  (Coordinación de acciones y programas de promoción del trabajo digno y decente) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dirección Nacional de Empleo, elaborará y articulará las acciones y programas de promoción del empleo desarrolladas en la presente reglamentación en el ámbito de la Comisión Coordinadora de Políticas de Empleo establecida por el artículo 401 de la Ley N° 20.446, de 16 de diciembre de 2025.
   Asimismo, promoverá el trabajo digno y decente, así como sus diversos componentes de respeto de los derechos laborales fundamentales, de no discriminación, la protección social y el diálogo social, la territorialidad y el tripartismo.

Artículo 2

   (Competencias generales) En el marco de la competencia asignada por el artículo 4° de la Ley N° 20.506, de 26 de junio de 2026, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Empleo, en el ámbito de la Comisión Coordinadora de Políticas de Empleo, tendrá a su cargo:

   A) La elaboración y el desarrollo, así como la dirección y ejecución de las políticas activas de empleo.
   B) La definición del alcance e implementación de los incentivos a la contratación en el sector privado.
   C) La promoción del desarrollo y la formalización del trabajo independiente.
   D) La definición del alcance e implementación de los incentivos a emprendimientos.
   E) La coordinación y vinculación con las políticas de promoción de los estudios.
   F) La coordinación y vinculación de [as acciones de los organismos públicos con competencia en materia de promoción del empleo, formación profesional, educación formal y no formal, y cuidados.
   G) La coordinación con las iniciativas tripartitas y de las organizaciones más representativas de empleadores, trabajadores y trabajadoras.
   H) La generación de dispositivos de seguimiento y apoyo a las inserciones laborales de las personas jóvenes, de las personas mayores de 45 (cuarenta y cinco) años, de las mujeres jefas de hogares monoparentales, de las personas afrodescendientes, de las madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 (quince) años de edad, de las personas en situación de discapacidad, de las personas trans y de las personas privadas de libertad en una unidad del Instituto Nacional de Rehabilitación o del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, de las personas sujetas a medidas alternativas a la privación de libertad y de las personas puestas en libertad hasta 3 (tres) años de su liberación.
   I) El desarrollo de dispositivos específicos de orientación, intermediación, derivación a capacitación y acompañamiento laboral, en el marco de los servicios públicos de empleo, así como la atención a las demandas del sector productivo, favoreciendo el desarrollo de trayectorias laborales y formativas sostenibles.

Artículo 3

   (Unidad de Gestión) La Unidad de Gestión de la Dirección Nacional de Empleo tendrá a su cargo la implementación, el asesoramiento y seguimiento de la ley que se reglamenta.
   En atención a lo dispuesto en los literales B), C), F), I) y O) del artículo 2° de la Ley N° 18.406, de 24 de octubre de 2008 y al artículo 31 de la Ley N° 20.506, de 26 de junio de 2026, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional suministrará apoyo técnico y administrativo para la implementación continua de la normativa.


(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 56.

CAPITULO II - POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL SECTOR PRIVADO
Sección Primera - Condiciones Generales

Artículo 4

   (Ámbito de aplicación) Las disposiciones establecidas en el presente Capítulo se encuentran destinadas al sector privado, quedando excluidas las personas públicas no estatales y las empresas con participación estatal.

Artículo 5

   (Ámbito subjetivo) Podrán ser contratadas a través del presente régimen:
   a) Las personas jóvenes de entre 15 (quince) y 29 (veintinueve) años de edad inclusive.
   b) Las mujeres jefas de hogares monoparentales.
   c) Las personas mayores de 45 (cuarenta y cinco) años de edad.
   d) Las personas afrodescendientes.
   e) Las madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 (quince) años de edad.
   f) Las personas en situación de discapacidad.
   g) Las personas trans.
   h) Las personas privadas de libertad en una unidad del Instituto Nacional de Rehabilitación o del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, las personas sujetas a medidas alternativas a la privación de libertad y las personas puestas en libertad hasta 3 (tres) años de su liberación.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículos: 6, 7, 11 y 49.

Artículo 6

   (Condiciones generales de las personas) Las personas mencionadas en el artículo anterior deberán cumplir con las siguientes condiciones:
   a) No tener actividad abierta en el Banco de Previsión Social, en calidad de trabajadores o trabajadoras o de titulares de empresas al momento de la contratación.
   b) Contar con Cédula de Identidad Uruguaya vigente o con la Hoja de Identidad Provisoria en los casos que corresponda.
   c) En el caso de las personas jóvenes, menores de 18 (dieciocho) años de edad, deberán contar con el carné de trabajo habilitante otorgado por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. El trabajo de estas personas se realizará bajo medidas de protección integral, previniendo cualquier tipo de actividad laboral peligrosa o nociva para su salud, así como aquellas que afecten .su desarrollo físico, espiritual, moral o social. Queda prohibido todo trabajo que impida el disfrute del bienestar en compañía de su familia o responsables, o que obstaculice su formación educativa, siendo de aplicación las disposiciones establecidas en el Capítulo XII del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823, de 7 de septiembre de 2004, y sus modificativas).
   d) En el caso de las mujeres jefas de hogares monoparentales, de las personas afrodescendientes, y de las madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 (quince) años de edad, se deberá informar a través del sistema de registro establecido en el artículo 7° del presente decreto.
   e) Para el caso de las personas en situación de discapacidad, las mismas deberán estar inscriptas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, o en el Programa de Discapacidad en modalidad de tiempo completo o parcial del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, o haber sido valoradas a través del sistema del Banco de Previsión Social para percibir la pensión por invalidez regulada por la Ley N° 20.130, de 2 de mayo de 2023, o disponer de la Tarjeta de Gestión Social por motivos de discapacidad para el Sistema de Transporte Metropolitano.
   Las personas cuyos trámites se encuentren en proceso deberán informarlo a través del sistema de registro establecido en el artículo 7° del presente decreto.
   Sin perjuicio de las valoraciones otorgadas por las instituciones previstas anteriormente, la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá suscribir acuerdos con otros organismos públicos nacionales o departamentales que cuenten con instrumentos técnicos de valoración de la discapacidad, a los efectos de garantizar la equidad territorial y el alcance efectivo de la política en todo el país.
   Las personas en situación de discapacidad que sean contratadas al amparo de la ley que se reglamenta y que no se encuentren inscriptas en el Registro de Personas con Discapacidad serán derivadas al Instituto Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social para su valoración, la cual no podrá exceder el plazo de 3 (tres) meses.
   Una vez que las entidades públicas competentes en la materia realicen la adecuación e implementación del instrumento de medición de la discapacidad a través del baremo único dispuesto por la Ley N° 18.651, de 19 de febrero de 2010, en la redacción dada por la Ley N° 20.378, de 24 de setiembre de 2024, se utilizará dicho instrumento para adecuar la aplicación de la ley que se reglamenta, a las circunstancias de cada persona.
   f) En el caso de las personas trans, deberán disponer de la Tarjeta Uruguay Social para Personas Trans o haber realizado el cambio de nombre y/o sexo registral ante la Dirección General de Registro de Estado Civil.
   g) Para el caso de las personas privadas de libertad en una unidad del Instituto Nacional de Rehabilitación o del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, las personas sujetas a medidas alternativas ala privación de libertad y las personas puestas en libertad hasta 3 (tres) años de su liberación, será el Instituto Nacional de Rehabilitación o el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente quien informe a la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre el cumplimiento de estas condiciones.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 7.

Artículo 7

   (Registro de las personas) Las personas que cumplan con las condiciones mencionadas en el artículo anterior y que estén interesadas en ser contratadas a través del presente régimen deberán registrarse en la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del sistema que ésta disponga.
   Los organismos públicos o paraestatales que dispongan de registros de las personas mencionadas en el artículo 5° del presente decreto con fines de promoción del trabajo digno y decente deberán informar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a efectos de la inclusión de dichas bases de datos en el registro de la Dirección Nacional de Empleo.

Artículo 8

   (Requisitos de las empresas) Las empresas u organizaciones del sector privado, así como de la Economía Social y Solidaria y del cooperativismo interesadas en contratar en el marco de las disposiciones del presente régimen, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
   a) Encontrarse en situación regular de pagos ante el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
   b) No haber despedido ni haber realizado envíos a seguro por desempleo durante los 30 (treinta) días previos a la contratación, ni durante el plazo que dure la misma, respecto de trabajadores o trabajadoras de la misma categoría laboral en la que la persona a contratar, al amparo del presente régimen, vaya a desempeñarse en la empresa, con excepción de los casos de despidos por notoria mala conducta.
   Quedan exceptuadas de la presente disposición aquellas contrataciones con plazo determinado o las que se celebren en actividades que por su naturaleza se consideren zafrales.
   Por razones debidamente fundadas y a petición de parte interesada, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá establecer otras excepciones.
   c) Ser aportante indistintamente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias o del Banco de Previsión Social, siendo admisible en este último cualquiera de las siguientes aportaciones: Industria y Comercio, Rural y Construcción.
   Las empresas suministradoras de personal estarán impedidas de contratar por este régimen, salvo en los casos de personas que no se destinen a la prestación de servicios para terceros. Asimismo, no podrán efectuarse contrataciones de personas que guarden parentesco con el titular o titulares de la empresa, dentro del cuarto grado de consanguinidad o del segundo de afinidad, en el marco de lo previsto en la presente reglamentación.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 29.

Artículo 9

   (Cupo de contratación) La cantidad de personas contratadas a través del presente régimen, tendrá un límite que dependerá de la totalidad de personas que las empresas tengan en su plantilla permanente, disponiéndose dicha limitación de la siguiente manera:
   a) Aquellas empresas que aún no tengan personal podrán contratar hasta 1 (una) persona.
   b) Aquellas empresas que tengan entre 1 (una) y hasta 4 (cuatro) personas trabajadoras en su plantilla permanente podrán contratar hasta el 50% (cincuenta por ciento) de su plantilla.
   c) Aquellas empresas que tengan entre 5 (cinco) y 19 (diecinueve) personas trabajadoras en su plantilla permanente podrán contratar hasta el 40% (cuarenta por ciento) de su plantilla.
   d) Aquellas empresas que tengan entre 20 (veinte) y 49 (cuarenta y nueve) personas trabajadoras en su plantilla permanente podrán contratar hasta el 25% (veinticinco por ciento) de su plantilla.
   e) Aquellas empresas que tengan 50 (cincuenta) o más personas trabajadoras en su plantilla permanente podrán contratar hasta el 20% (veinte por ciento) de su plantilla.
   En el caso de cooperativas sociales o de trabajo el régimen alcanzará tanto al personal contratado como a la incorporación de personas asociadas. Durante el período de vigencia de este régimen, no se computarán en el porcentaje máximo establecido en el artículo 100 de la Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013, las personas contratadas en el marco de los programas establecidos en la presente reglamentación.
   El Poder Ejecutivo podrá modificar los cupos establecidos en el presente artículo en determinados colectivos, sector de actividad o departamentos específicos del país que se vean afectados por situaciones coyunturales del mercado laboral, priorizando aquellos con mayores problemas de desempleo o informalidad. En ningún caso, la modificación del cupo podrá implicar un aumento del financiamiento establecido en el artículo 31 de la ley que se reglamenta.

Artículo 10

   (Registro de Empresas) Las empresas u organizaciones del sector privado, así como de la Economía Social y Solidaria y del cooperativismo interesadas en contratar en el marco de las disposiciones de la presente reglamentación deberán registrarse en la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del sistema que ésta disponga.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 29.

Artículo 11

   (Mecanismos de intermediación o postulación directa) La Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como otros organismos públicos que trabajen en la promoción del trabajo digno y decente de las personas mencionadas en el artículo 5° del presente decreto, podrán realizar un servicio de intermediación laboral para vincular a las personas y empresas inscriptas en el sistema de registro indicado precedentemente.
   Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, las empresas podrán postular de forma directa a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente régimen.

Artículo 12

   (Seguridad Social) Las contrataciones efectuadas al amparo de las presentes disposiciones deberán ser registradas en los organismos de seguridad social correspondientes. Toda persona contratada en este marco tendrá derecho a los beneficios y prestaciones establecidos en la normativa laboral y previsional vigente, incluyendo el seguro de desempleo, en los casos en los que se cumplan las condiciones para la generación del derecho.

Artículo 13

   (Plazos de contratación. Período de prueba) Las contrataciones en el marco del presente régimen tendrán un plazo de entre 6 (seis) y 12 (doce) meses sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo 27.
   El período de prueba de las contrataciones no podrá exceder los 45 (cuarenta y cinco) días corridos en contratos de hasta 9 (nueve) meses y de 60 (sesenta) días corridos en contratos de 9 (nueve) meses en adelante.
   No se admitirá la prórroga de los contratos cuando el plazo pactado sea inferior al máximo autorizado legalmente.
   Si la empresa prescindiera del trabajador o trabajadora luego de transcurrido el período de prueba, pero antes de cumplirse el plazo contractual, procederá la indemnización por despido tarifada correspondiente.
   Por razones debidamente fundadas y a solicitud de parte interesada, la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrá autorizar que el plazo previsto en el inciso primero pueda fraccionarse. En ningún caso la suma de los períodos fraccionados podrá exceder los 12 (doce) meses contados desde el inicio del contrato.

Artículo 14

   (Formalidad) Los contratos que se celebren al amparo de lo dispuesto en el presente régimen deberán ser autorizados por la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual podrá disponer la publicación de modelos de contratos con el objetivo de facilitar la concreción de los acuerdos y su respectiva autorización.
   La Dirección Nacional de Empleo realizará el control del cumplimiento de todos los requisitos previstos en el presente régimen.

Artículo 15

   (Salario y condiciones de trabajo) El salario y las condiciones de trabajo de las personas contratadas al amparo de las presentes disposiciones se ajustarán a lo dispuesto en las leyes, laudos y convenios colectivos vigentes.
   En el caso de las personas privadas de libertad contratadas al amparo de las presentes disposiciones, la remuneración no podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional vigente, no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto-Ley N° 14.470, de 2 de diciembre de 1975, y sus modificativas.
   Para el caso de las madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 (quince) años de edad, las condiciones de trabajo deberán contemplar su situación particular, promoviendo la compatibilidad entre la actividad laboral y las responsabilidades de cuidado. A estos efectos, podrán establecerse regímenes de flexibilidad horaria, modalidades de trabajo a distancia o combinadas, así como otras adaptaciones razonables, siempre que medie acuerdo entre las partes.
   Las contrataciones de personas de 18 (dieciocho) años de edad en adelante deberán tener una carga horaria no inferior a 20 (veinte) horas semanales ni superior a 40 (cuarenta) horas semanales.
   Las personas menores de 18 (dieciocho) años de edad deberán ser contratadas por una carga horaria máxima de 20 (veinte) horas semanales.
   Las empresas u organizaciones del sector privado, así como de la Economía Social y Solidaria y del cooperativismo, no podrán establecer un régimen de horario rotativo para las personas jóvenes ni para las mujeres jefas de hogares monoparentales contratadas bajo las presentes disposiciones.

                             

Sección Segunda - Régimen de Estímulos

Artículo 16

   (Tope de los subsidios) Las empresas u organizaciones del sector privado, así como de la Economía Social y Solidaria y del cooperativismo que realicen contrataciones en el marco de lo dispuesto en el presente régimen, podrán percibir los subsidios establecidos en los artículos 17 al 24. En todos los casos, el tope máximo se fijará en 3,7 BPC (tres coma siete bases de prestaciones y contribuciones) por contratación.

Artículo 17

   (Subsidios para la contratación de personas jóvenes) Cuando la contratación a realizar sea de jóvenes de 15 (quince) a 24 (veinticuatro) años de edad en situación de desempleo continuo superior a 3 (tres) meses, se establece un subsidio del 33,3% (treinta y tres coma tres por ciento) de las retribuciones mensuales de la trabajadora cuando se contrate una mujer, y un subsidio del 25% (veinticinco por ciento) de las retribuciones mensuales del trabajador cuando se contrate un varón.
   Cuando la contratación a realizar sea de jóvenes de 25 (veinticinco) a 29 (veintinueve) años de edad en situación de desempleo continuo superior a 6 (seis) meses, se establece un subsidio del 33,3% (treinta y tres coma tres por ciento) de las retribuciones mensuales de la trabajadora cuando se contrate una mujer, y un subsidio del 25% (veinticinco por ciento) de las retribuciones mensuales del trabajador cuando se contrate un varón.
   Cuando la contratación a realizar sea de jóvenes de 15 (quince) a 29 (veintinueve) años de edad, en situación de desempleo y vulnerabilidad socioeconómica, se establece un subsidio del 66,6% (sesenta y seis coma seis por ciento) de las retribuciones mensuales de la trabajadora cuando se contrate una mujer, y un subsidio del 50% (cincuenta por ciento) de las retribuciones mensuales del trabajador cuando se contrate un varón.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículos: 27, 28 y 56.

Artículo 18

   (Subsidio para la contratación de mujeres jefas de hogares monoparentales) Cuando la contratación a realizar sea de mujeres jefas de hogares monoparentales, en situación de desempleo continuo- superior a 6 (seis) meses, se establece un subsidio del 33,3% (treinta y tres coma tres por ciento) de las retribuciones mensuales de la trabajadora.
   Cuando la contratación a realizar sea de mujeres jefas de hogares monoparentales, en situación de desempleo y vulnerabilidad socioeconómica, se establece un subsidio del 66,6% (sesenta y seis coma seis por ciento) de las retribuciones mensuales de la trabajadora.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículos: 27, 28 y 56.

Artículo 19

   (Subsidio para la contratación de personas mayores de 45 años de edad) Cuando la contratación a realizar sea de personas mayores de 45 (cuarenta y cinco) años de edad, en situación de desempleo continuo superior a 6 (seis) meses, se establece un subsidio del 33,3% (treinta y tres coma tres por ciento) de las retribuciones mensuales de la trabajadora cuando se contrate una mujer, y un subsidio del 25% (veinticinco por ciento) de las retribuciones mensuales del trabajador cuando se contrate un varón.
   Cuando la contratación a realizar sea de personas mayores de 45 (cuarenta y cinco) años de edad, en situación de desempleo y vulnerabilidad socioeconómica, se establece un subsidio del 66,6% (sesenta y seis coma seis por ciento) de las retribuciones mensuales de la trabajadora cuando se contrate una mujer, y un subsidio del 50% (cincuenta por ciento) de las retribuciones mensuales del trabajador cuando se contrate un varón.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículos: 27, 28 y 56.

Artículo 20

   (Subsidio para la contratación de personas afrodescendientes) Cuando la contratación a realizar sea de personas afrodescendientes, en situación de desempleo continuo superior a 6 (seis) meses, se establece un subsidio del 33,3% (treinta y tres coma tres por ciento) de las retribuciones mensuales de la trabajadora cuando se contrate una mujer, y un subsidio del 25% (veinticinco por ciento) de las retribuciones mensuales del trabajador cuando se contrate un varón. Cuando la contratación a realizar sea de personas afrodescendientes en situación de desempleo y vulnerabilidad socioeconómica, se establece un subsidio del 66,6% (sesenta y seis coma seis por ciento) de las retribuciones mensuales de la trabajadora cuando se contrate una mujer, y un subsidio del 50% (cincuenta por ciento) de las retribuciones mensuales del trabajador cuando se contrate un varón.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículos: 27, 28 y 56.

Artículo 21

   (Subsidio para la contratación de madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 años) Cuando la contratación a realizar sea de madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 (quince) años de edad, en situación de desempleo continuo superior a 6 (seis) meses, se establece un subsidio del 33,3% (treinta y tres coma tres por ciento) de las retribuciones mensuales de la trabajadora cuando se contrate una mujer, y un subsidio del 25% (veinticinco por ciento) de las retribuciones mensuales del trabajador cuando se contrate un varón.
   Cuando la contratación a realizar sea de madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 (quince) años de edad, en situación de desempleo y vulnerabilidad socioeconómica, se establece un subsidio del 66,6% (sesenta y seis coma seis por ciento) de las retribuciones mensuales de la trabajadora cuando se contrate una mujer, y un subsidio del 50% (cincuenta por ciento) de las retribuciones mensuales del trabajador cuando se contrate un varón.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículos: 27, 28 y 56.

Artículo 22

   (Subsidio para la contratación de personas en situación de discapacidad) Cuando la contratación a realizar sea de personas en situación de discapacidad y en situación de desempleo, se establece un subsidio del 80% (ochenta por ciento) de las retribuciones mensuales del trabajador o trabajadora.
   El subsidio referido en el presente literal no será acumulable con los subsidios establecidos en la Ley N° 19.691, del 29 de octubre de 2018, por el tiempo que se perciba el mismo. Una vez finalizado el plazo de contratación a través del presente régimen, si la empresa mantiene a la persona en situación de discapacidad en su plantilla de trabajo, podrá acceder a los beneficios establecidos en el artículo 13 de la Ley N° 19.691, del 29 de octubre de 2018, a partir de lo establecido para el segundo año, siempre y cuando se cumpla con las disposiciones que exige dicha ley.
   La contratación de personas en situación de discapacidad en el marco del presente régimen no implicará la pérdida de la pensión por invalidez, regulada por la Ley N° 20.130, de 2 de mayo de 2023 y otorgada a través del Banco de Previsión Social, para aquellas personas que se encuentren percibiendo la misma durante el plazo de la contratación.
   Las empresas que contraten personas en situación de discapacidad podrán solicitar asesoramiento al Instituto Nacional de Discapacidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 455 de la Ley N° 20.446, de 16 de diciembre de 2025, a los efectos de garantizar los ajustes razonables respecto al desempeño de las tareas, así como las condiciones de accesibilidad, de acuerdo con las normas vigentes.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículos: 27, 28 y 56.

Artículo 23

   (Subsidio para la contratación de personas trans) Cuando la contratación a realizar sea de personas trans y en situación de desempleo, se establece un subsidio del 80% (ochenta por ciento) de las retribuciones mensuales del trabajador o trabajadora.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículos: 27, 28 y 56.

Artículo 24

   (Subsidio para la contratación de personas privadas de libertad, sujetas a medidas alternativas a la privación de libertad o liberadas) Cuando la contratación a realizar sea de personas privadas de libertad en una unidad del Instituto Nacional de Rehabilitación o del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente o de personas sujetas a medidas alternativas a la privación de libertad, o de personas puestas en libertad hasta 3 (tres) años de su liberación en situación de desempleo, se establece un subsidio del 80% (ochenta por ciento) de las retribuciones mensuales del trabajador o trabajadora.
   A los efectos de la aplicación del presente subsidio a la contratación, se entiende que las personas sujetas a medidas alternativas a la privación de libertad, una vez culminada las mismas, se considerarán personas liberadas.
   Las contrataciones previstas en el presente literal serán acumulables con el Programa de Desarrollo de Capacidades y Competencias para Adolescentes que cumplen sanciones dispuestas por la justicia, de acuerdo al artículo 570 de la Ley N° 20.446, de 16 de diciembre de 2025 y con el pago del peculio previsto en el artículo 44 del Decreto-Ley N° 14.470, de 2 de diciembre de 1975, y sus modificativas.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículos: 27, 28 y 56.

Artículo 25

   (Subsidio máximo) Cuando una persona cumpla más de una característica de las recién mencionadas, el subsidio que percibirá la empresa será el máximo que corresponda.

Artículo 26

   (Período de desempleo y determinación de la vulnerabilidad socioeconómica) A los efectos del cómputo del plazo de desempleo, no se tomarán en cuenta los aportes realizados en el marco de la participación en programas de trabajo protegido, tales como los establecidos en el artículo 242 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, y en la Ley N° 20.417, de 15 de agosto de 2025 y sus modificativas y concordantes.
   La determinación de la situación de vulnerabilidad socioeconómica se realizará en los términos establecidos en el artículo 2° de la Ley N° 18.227, de 22 de diciembre de 2007 y su reglamentación. En los casos en que no se encuentre declarada la información del hogar tal como establece la ley recién mencionada, se tomará en cuenta la línea de pobreza fijada de acuerdo con los criterios establecidos semestralmente por el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 27

   (Condiciones de vigencia de los subsidios) Los subsidios establecidos en los artículos 17 al 24 de la presente reglamentación estarán sujetos a la conservación del puesto de trabajo.
   Para el caso de las empresas que tengan más de 19 (diecinueve) trabajadores o trabajadoras en su plantilla permanente, los subsidios tendrán una vigencia máxima acorde al plazo establecido en la contratación, no pudiendo superar en ningún caso los 12 (doce) meses.
   Para el caso de las empresas que tengan hasta 19 (diecinueve) trabajadores o trabajadoras en su plantilla permanente, la vigencia de los subsidios será de hasta 18 (dieciocho) meses, percibiendo el 100% (cien por ciento) de los mismos los primeros 12 (doce) meses y disminuyendo a partir del segundo año, de acuerdo a las siguientes escalas:
    
   a) 75% (setenta y cinco por ciento) de los subsidios durante el primer trimestre del segundo año.

   b) 50% (cincuenta por ciento) de los subsidios durante el segundo trimestre del segundo año.

Artículo 28

   (Efectivización de los subsidios) Para aquellas empresas que realicen sus aportes al Banco de Previsión Social a través de la aportación Industria y Comercio o la aportación Rural, los subsidios establecidos en los artículos 17 al 24 del presente decreto se harán efectivos a través de un crédito para cancelar obligaciones corrientes de la empresa ante el Banco de Previsión Social, no pudiendo superar el 100% (cien por ciento) de las mismas.
   Para aquellas empresas que realicen sus aportes al Banco de Previsión Social a través de la aportación Construcción, los subsidios se harán efectivos a través de una transferencia bancaria.
   Para aquellas empresas que realicen sus aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, los subsidios se harán efectivos a través de dicha Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Artículo 29

   (Mecanismo de etiquetado) Las empresas u organizaciones del sector privado, así como de la Economía Social y Solidaria y del cooperativismo, que evidencien un alto grado de compromiso con la mejora en las condiciones de acceso al trabajo digno y decente, la sostenibilidad y el fomento del empleo, podrán acceder de manera voluntaria a un reconocimiento y distinción, a través de un mecanismo de etiquetado, previa evaluación de determinados componentes referidos a la contratación, tales como el cumplimiento del plazo contractual, la continuidad laboral de las personas en la organización, la promoción de la formación profesional y la incorporación de la perspectiva de género al interior de la institución.
   Las organizaciones del sector privado deberán encontrarse debidamente registradas, tal como se dispone en el artículo 10 del presente Decreto, así como cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 8° del mismo.
   El Poder Ejecutivo publicará un documento de Bases y Condiciones donde se establecerá el sistema de puntuación y las categorías del etiquetado según el nivel de cumplimiento alcanzado.
   Aquellas organizaciones del sector privado interesadas en acceder al mencionado reconocimiento a través del etiquetado, deberán completar un formulario de solicitud dispuesto en la plataforma informática correspondiente al presente régimen.
   El etiquetado tendrá una vigencia anual, renovable automáticamente por iguales períodos, previa evaluación del Poder Ejecutivo y otorgará a la empresa beneficiaria visibilidad en la plataforma informática correspondiente al presente régimen.

                             

Sección Tercera - Programa Yo Estudio y Trabajo para el Sector Privado

Artículo 30

   (Definición) Se entiende por contrato del Programa Yo Estudio y Trabajo para el Sector Privado el que comprende a personas jóvenes desempleadas entre 15 (quince) y 24 (veinticuatro) años de edad, que no hayan cotizado a la seguridad social por un plazo mayor a 90 (noventa) días corridos y que se encuentren cursando estudios o figuren inscriptas para iniciarlos, en instituciones públicas o privadas de enseñanza formal o no formal.
   La finalidad del programa radica en asegurar la continuidad educativa de la persona joven y brindarle la posibilidad de desarrollar competencias transversales vinculadas al mundo laboral.

Artículo 31

   (Inscripción y Sorteo) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Empleo, convocará anualmente a empresas y jóvenes a participar del programa. La asignación de las personas jóvenes participantes se realizará mediante sorteo público, en condiciones análogas a las previstas en el artículo 22 de la Ley N° 20.506, de 26 de junio de 2026.
   La Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaborará y publicará en cada edición del programa, un documento de Bases y Condiciones en el que se establecerá el mecanismo de inscripción de los y las jóvenes y los procedimientos correspondientes para el mismo.

Artículo 32

    (Régimen de contratación) El contrato celebrado en el marco del presente programa tendrá una duración de 6 (seis) o de 12 (doce) meses. La carga horaria laboral será de hasta 20 (veinte) horas semanales para las personas menores de 18 (dieciocho) años de edad, y de hasta 30 (treinta) horas semanales para las personas de 18 (dieciocho) a 24 (veinticuatro) años de edad, en condiciones análogas a las previstas en el presente régimen para el Programa Yo Estudio y Trabajo en el Sector Público.

Artículo 33

   (Subsidio) Las empresas privadas que contraten jóvenes bajo esta modalidad percibirán un subsidio del 66,6% (sesenta y seis coma seis por ciento) de las retribuciones mensuales.
   Cuando la contratación bajo esta modalidad sea de personas en situación de discapacidad, de personas trans o de personas privadas de libertad o sujetas a medidas alternativas a la privación de libertad o recientemente liberadas, las empresas privadas percibirán un subsidio del 80% (ochenta por ciento) de las retribuciones mensuales.
   El tope máximo del subsidio previsto en los incisos anteriores será de 4 BPC (cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones).

Artículo 34

   (Exoneración de aportes) Una vez culminado el plazo del contrato, si la empresa mantiene a la persona joven en su plantilla, se beneficiará con la exoneración de los aportes jubilatorios patronales a la seguridad social correspondientes a ese contrato de trabajo, mientras se mantenga el vínculo laboral. Esta exoneración se extenderá hasta que la persona joven cumpla 25 (veinticinco) años de edad.

Artículo 35

   (Licencia por estudio) Las personas jóvenes contratadas en el marco del presente programa tendrán derecho a una licencia de hasta 10 (diez) días hábiles anuales por estudio, siempre que el contrato sea de 12 (doce) meses.
   Cuando el contrato sea de 6 (seis) meses, las personas jóvenes tendrán derecho a una licencia de hasta 5 (cinco) días hábiles anuales por estudio.

Artículo 36

   (Rescisión del contrato) Además de las causales dispuestas en el derecho laboral vigente, será causal de rescisión del contrato, sin derecho a indemnización alguna, haber incurrido en 5 (cinco) o más faltas injustificadas por año o haber dejado de cursar los estudios.

CAPÍTULO III - POLÍTICAS DE EMPLEO PARA JÓVENES EN EL SECTOR PÚBLICO
Sección Primera - Condiciones Generales

Artículo 37

   (Ámbito de aplicación) Las disposiciones establecidas en el presente Capítulo se encuentran destinadas a la contratación de personas jóvenes de 15 (quince) a 24 (veinticuatro) años de edad, en el sector público, entendiéndose dentro de éste al Estado, a las personas públicas no estatales y a las empresas con participación estatal.

Artículo 38

   (Salario) El salario a abonar a las personas contratadas a través de lo establecido en el presente Capítulo será de 4 BPC (cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones) por 30 (treinta) horas semanales.
   Si se trata de una mujer embarazada o de un padre o una madre de un hijo o hija menor a 4 (cuatro) años o en situación de discapacidad, la remuneración será de 6 BPC (seis Bases de Prestaciones y Contribuciones) por 30 (treinta) horas semanales.
   En todos los casos, si se pacta un régimen horario inferior, el salario se determinará en forma proporcional a la carga horaria acordada.
   En todos los casos, las personas contratadas tendrán cobertura del Seguro Nacional de Salud, previo a la realización de las contribuciones referidas en el artículo 61 de la Ley N° 18.211, de 5 de diciembre de 2007.

Artículo 39

   (Plazo del contrato. Carga horaria. Tareas) La duración del contrato será de entre 6 (seis) y 12 (doce) meses. No se admitirá la prórroga de los contratos, aún en el caso de que el plazo pactado hubiese sido inferior al máximo autorizado legalmente.
   Vencido el plazo de la contratación, la misma se extinguirá sin que ello genere derecho a indemnización alguna.
   La carga horaria en personas de 18 (dieciocho) a 24 (veinticuatro) años será de hasta 30 (treinta) horas semanales.
   En el caso de personas menores de 18 (dieciocho) años de edad, la carga horaria no podrá exceder las 20 (veinte) horas semanales.
   Las tareas a desempeñar por los y las jóvenes serán de apoyo administrativo u operativo exclusivamente.

Artículo 40

   (Régimen de licencias) Corresponderá el goce de licencia ordinaria anual de 20 (veinte) días hábiles por año de contratación o proporcional al tiempo efectivamente trabajado, la que se usufructuará dentro del período correspondiente.
   Las personas jóvenes tendrán derecho a licencia médica, debidamente comprobada, a licencia por maternidad, por paternidad, adopción y legitimación adoptiva, por cuidados, por matrimonio y por duelo, acorde a la normativa vigente aplicable al organismo o empresa con la que se está contratando.
   Los y las jóvenes tendrán derecho a una licencia de hasta 20 (veinte) días hábiles anuales por estudio, que se prorrateará al período de la contratación si fuera inferior al año.

Artículo 41

   (Causal de rescisión de contrato) Será causal de rescisión del contrato, sin derecho a indemnización alguna, haber incurrido en 5 (cinco) o más faltas injustificadas por año.

Artículo 42

   (Contratación en los organismos estatales) Las contrataciones que se realicen en el Estado en el marco del presente Capítulo no otorgarán la calidad ni condición de funcionario público o funcionaria pública a la persona contratada.
   El Poder Ejecutivo, podrá delegar en el Ministro, Ministra o jerarca respectivo la suscripción de los contratos establecidos en el presente Capítulo.
   Como requisito de ingreso no se solicitará el Certificado de Antecedentes Judiciales, según lo dispuesto en el Decreto N° 382/999, de 7 de diciembre de 1999 y demás normas reglamentarias, modificativas y concordantes. Tampoco se solicitará la Credencial Cívica para las personas jóvenes mayores de 18 (dieciocho) años.

Artículo 43

   (Acciones de discriminación positiva) Los organismos del Estado deberán contratar jóvenes bajo lo dispuesto en el presente Capítulo, en un número no menor al 50% (cincuenta por ciento) de sus contrataciones anuales de becarios, becarias y pasantes, a excepción de la Administración Nacional de Educación Pública que podrá hacerlo en un número no menor al 20% (veinte por ciento).
   Al menos el 50% (cincuenta por ciento) del total de las contrataciones beneficiará a mujeres jóvenes, al menos el 15% (quince por ciento) a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, al menos el 8% (ocho por ciento) a personas jóvenes afrodescendientes, al menos el 4% (cuatro por ciento) a personas jóvenes en situación de discapacidad, al menos el 2% (dos por ciento) a personas trans y al menos el 1% (uno por ciento) a mujeres en situación de violencia basada en género o en proceso de salida de dicha situación. Los porcentajes mínimos no serán exigibles si no existiera un número suficiente de postulantes presentados en los llamados.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 47.

Sección Segunda - Primera Experiencia Laboral en el Sector Público

Artículo 44

   (Definición) Se entiende por contrato de primera experiencia laboral en el Estado, en personas públicas no estatales o en empresas con participación estatal, el que comprenda a jóvenes de 15 (quince) a 24 (veinticuatro) años que no hayan cotizado a la seguridad social por un plazo mayor a 90 (noventa) días corridos.
   A los efectos del cómputo de la experiencia laboral, no se tomarán en cuenta los aportes realizados en el marco de la participación en programas de trabajo protegido gestionados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el Ministerio de Desarrollo Social u otros organismos públicos competentes en políticas socio laborales.

Artículo 45

   (Organismos competentes para su otorgamiento) El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el Instituto Nacional de la Juventud, la Administración Nacional de Educación Pública y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrán acordar contrataciones de primera experiencia laboral con organismos públicos estatales, con personas públicas no estatales y con empresas que tengan participación estatal.
   La Dirección Nacional de Empleo realizará el control del cumplimiento de todos los requisitos previstos en el presente Capítulo a solicitud de los organismos mencionados anteriormente y realizará las habilitaciones correspondientes.

Sección Tercera - Programa Yo Estudio y Trabajo en el Sector Público

Artículo 46

   (Definición) Se entiende por contrato del Programa Yo Estudio y Trabajo el que comprenda a personas jóvenes de entre 15 (quince) y 24 (veinticuatro) años, que no hayan cotizado a la seguridad social por un plazo mayor a 90 (noventa) días corridos y que se encuentren cursando estudios o figuren inscriptas para iniciarlos, en instituciones públicas o privadas de enseñanza formal o no formal.
   A los efectos del cómputo de la experiencia laboral, no se tomarán en cuenta los aportes realizados en el marco de la participación en programas de trabajo protegido gestionados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el Ministerio de Desarrollo Social u otros organismos públicos competentes en políticas sociolaborales.

Artículo 47

   (Inscripción y Sorteo) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 del presente decreto, el Programa Yo Estudio y Trabajo cuenta con un mecanismo de ingreso universal, mediante la realización de un sorteo público.

Artículo 48

   (Bases y Condiciones) La Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaborará y publicará con cada edición del programa, un documento de Bases y Condiciones donde se establecerá el mecanismo de inscripción de los y las jóvenes y los procedimientos correspondientes para el mismo.
   Las Bases y Condiciones también establecerán los requisitos tanto para las personas jóvenes como para los organismos y empresas contratantes, las condiciones de permanencia y las causales de baja del programa.

CAPÍTULO IV - POLÍTICAS DE EMPLEO PARA EMPRENDIMIENTOS
Sección Única

Artículo 49

   (Definición) A los efectos del presente régimen, se entiende por emprendimiento a toda iniciativa de tipo productivo en la cual se cumplan las siguientes condiciones:
   a) Que la dirección del emprendimiento sea ejercida por alguna de las personas establecidas en el artículo 5° del presente decreto, mayores de 18 (dieciocho) años de edad o que intervengan en ella al menos un 51% (cincuenta y uno por ciento) de personas que cumplan con la condición recién mencionada.
   b) Que el emprendimiento no tenga una antigüedad mayor a 2 (dos) años desde el inicio de sus actividades.
   c) Que el emprendimiento se desarrolle bajo la forma jurídica de una unipersonal, una sociedad por acciones simplificadas, una sociedad de hecho o una cooperativa.
   No se encuentran comprendidos en la presente definición aquellos emprendimientos que aporten bajo el régimen establecido en el artículo 70 de la Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006, a excepción de los emprendimientos definidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.874, de 23 de diciembre de 2011 en la redacción dada por el artículo 534 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015.
   d) Encontrarse en situación regular de pagos ante el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 55.

Artículo 50

   (Subsidio) Los emprendimientos definidos en el artículo anterior, obtendrán un subsidio del 50% (cincuenta por ciento) de las contribuciones especiales correspondientes a los aportes patronales, con un tope de 13 BFC (trece Bases Fictas de Contribución) mensuales, por un plazo máximo de 12 (doce) meses.
   En el caso de los emprendimientos definidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.874, de 23 de diciembre de 2011, en la redacción dada por el artículo 534 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, el subsidio definido en el inciso anterior podrá acumularse con el régimen tributario escalonado establecido en el artículo 9° de la ley previamente mencionada.
   Quedan excluidas del presente subsidio las contribuciones especiales de carácter patronal relativas al Fondo Nacional de Salud (FONASA) establecidas en la Ley N° 18.131, de 18 de mayo de 2007 y sus modificativas y concordantes.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículos: 51, 55 y 56.

Artículo 51

   (Efectivización del subsidio) Para los emprendimientos definidos en las presentes disposiciones, el subsidio establecido en el artículo 50 del presente decreto se hará efectivo a través de un crédito para cancelar obligaciones corrientes de la empresa ante el Banco de Previsión Social, no pudiendo superar el 100% (cien por ciento) de las mismas.
   Para aquellas empresas que realicen sus aportes al Banco de Previsión Social a través de la aportación Construcción, el subsidio establecido en el artículo precedente se hará efectivo a través de una transferencia bancaria.
   Asimismo, para aquellas empresas que realicen sus aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, el subsidio establecido en el artículo precedente se hará efectivo a través de dicha Caja de Jubilaciones y Pensiones.

                               
                          

CAPÍTULO V - POLÍTICAS DE EMPLEO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIOS
Sección Única

Artículo 52

   (Formación continua) Las personas contratadas en el marco de la presente reglamentación, tanto en el ámbito público como en el privado, podrán acceder durante el plazo de su contratación, a cursos de formación profesional otorgados por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, orientados a actualizar, mejorar o adquirir nuevos conocimientos, habilidades y competencias que contribuyan al fortalecimiento de su perfil y trayectoria laboral.
   El acceso a los cursos de formación deberá solicitarse a iniciativa de la persona interesada a través de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
   Corresponderá a la Dirección Nacional de Empleo la derivación de la solicitud ante el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para su instrumentación y ejecución.
   El acceso a las propuestas de formación se realizará de acuerdo con los requisitos, condiciones y límites establecidos por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
   Las acciones de formación iniciadas durante la vigencia de la contratación podrán continuar una vez finalizado el vínculo laboral, si correspondiere.

Artículo 53

   (Culminación de ciclos educativos) Las personas contratadas en el marco de la presente reglamentación, tanto en el ámbito público como en el privado, podrán acceder durante el plazo de su contratación, a las propuestas de culminación de ciclos educativos que promueve el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
   El acceso a las propuestas de culminación de ciclos educativos deberá solicitarse a iniciativa de la persona interesada a través de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
   Corresponderá a la Dirección Nacional de Empleo la derivación de la solicitud ante el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para su instrumentación y ejecución.
   El acceso a las propuestas de culminación de ciclos educativos se realizará de acuerdo con los requisitos, plazos y condiciones aplicables a cada propuesta.
   Las propuestas de culminación de ciclos educativos iniciadas durante la vigencia de la contratación podrán continuar una vez finalizado el vínculo laboral, si correspondiere.

Artículo 54

   (Uruguay Certifica) Las personas contratadas en el marco de la presente reglamentación, tanto en el ámbito público como en el privado, podrán acceder durante el plazo de su contratación, a certificar sus competencias a través del Programa Uruguay Certifica que ejecuta el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
   La herramienta de certificación de competencias deberá solicitarse a iniciativa de la persona interesada a través de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
   Corresponderá a la Dirección Nacional de Empleo la derivación de la solicitud ante el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para su instrumentación y ejecución.
   La certificación podrá realizarse respecto de los perfiles ocupacionales disponibles en el Programa Uruguay Certifica, pudiendo corresponder al puesto de trabajo que desempeña la persona o a otros perfiles, de conformidad con los procedimientos y criterios técnicos establecidos para dicho programa.
   Cuando la trayectoria formativa o laboral de la persona no permita su evaluación respecto de un perfil ocupacional específico, o cuando ello resulte más pertinente para su proceso de inserción laboral, la certificación podrá orientarse a competencias transversales para el trabajo, de acuerdo con los estándares e instrumentos que a tales efectos disponga el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
   Cuando el proceso de evaluación requiera su realización en el ámbito de trabajo u otra participación de la empresa, se articulará con todas las partes las condiciones necesarias para su realización.

Artículo 55

   (Formación para empresas, cooperativas y emprendimientos) Aquellas empresas u organizaciones del sector privado o de la Economía Social y Solidaria y del cooperativismo, así como aquellos emprendimientos que accedan al subsidio mencionado en el artículo 50 del presente decreto, podrán acceder a herramientas de formación y fortalecimiento de capacidades para la gestión empresarial, así como a programas de capacitación y asistencia técnica brindados por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el Instituto Nacional del Cooperativismo, la Agencia Nacional de Desarrollo y por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
   El acceso a las herramientas mencionadas anteriormente deberá solicitarse a iniciativa de la empresa u organización interesada a través de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
   Corresponderá a la Dirección Nacional de Empleo la derivación de la solicitud ante el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el Instituto Nacional del Cooperativismo, la Agencia Nacional de Desarrollo o el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
   El acceso a estas herramientas se realizará de acuerdo con los requisitos, condiciones y límites establecidos por cada organismo respectivo.
   Las acciones de formación y fortalecimiento de capacidades iniciadas durante la vigencia de la contratación para el caso de las empresas, organizaciones o emprendimientos subsidiados de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 49 del presente decreto, podrán continuar una vez finalizados los subsidios.

                               

CAPÍTULO VI - DISPOSICIONES FINALES
Sección Única

Artículo 56

   (Financiamiento). Los subsidios determinados en los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 23 y 24 del presente decreto, así como el dispuesto en el artículo 35 de la Ley N° 19.973, de 13 de agosto de 2021, serán atendidos con el financiamiento establecido en el inciso primero del artículo 31 de la Ley N° 20.506, de 26 de junio de 2026, según lo asignado por la Ley N° 20.446, de 16 de diciembre de 2025 al inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" para el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
   El subsidio establecido en el artículo 22 se financiará con el Fondo de Reconversión Laboral, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 408 de la Ley N° 20.446, de 16 de diciembre de 2025.
   El subsidio previsto por el artículo 50 para los emprendimientos será financiado con los fondos restantes dispuestos en el artículo 10 de la Ley N° 19.689, de 29 de octubre de 2018, hasta que los mismos se agoten.
   Una vez agotados dichos fondos, el financiamiento del subsidio será de cargo según lo establecido en el inciso primero del artículo 31 de la Ley N° 20.506, de 26 de junio de 2026, salvo que sean emprendirnientos cooperativos, en cuyo caso, el financiamiento será de cargo del Instituto Nacional del Cooperativismo.
   Cuando el titular del emprendimiento sea una persona en situación de discapacidad o intervengan en dicho emprendimiento al menos un 51% (cincuenta y uno por ciento) de personas en situación de discapacidad, el financiamiento será de cargo de la Agencia Nacional de Desarrollo según lo dispuesto en el artículo 457 de la Ley N° 20.446, de 16 de diciembre de 2025.
   Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3° del presente decreto, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional brindará a la Dirección Nacional de Empleo asistencia financiera referente a la contratación de personal y suministro de materiales necesarios para el funcionamiento de la Unidad de Gestión, acorde a lo establecido en los literales B), C), F), I) y O) del artículo 2° de la Ley N° 18.406, de 24 de octubre de 2008.
   Las formaciones y herramientas dispuestas en el Capítulo V se financiarán por cada institución que provea las mismas.

Artículo 57

   (Responsabilidad de la ejecución de las políticas activas de empleo) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dirección Nacional de Empleo y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional realizarán la ejecución y el seguimiento de lo dispuesto en el presente régimen y proporcionarán al Ministerio de Economía y Finanzas la información que este requiera, a efectos de evaluar el desarrollo de la presente política de empleo y formación profesional.
   Con dicho propósito, la Unidad Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Unidad de Evaluación y Monitoreo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, elaborarán informes estadísticos de seguimiento, monitoreo y evaluación.
   En oportunidad de cada Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, a efectos de su presentación por parte del Poder Ejecutivo a la Asamblea General, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remitirá a la Contaduría General de la Nación, un informe anual del ejercicio que incluya al menos información sobre el número de contrataciones y emprendimientos registrados, el plazo de duración de cada una de ellas, así como la ejecución presupuestal realizada. Toda la información deberá presentarse desagregada por género, edad, ascendencia y condición de vulnerabilidad socioeconómica.
   A efectos de poder realizar evaluaciones de impacto, el Ministerio de Trabajo Seguridad Social podrá celebrar acuerdos con organizaciones públicas que tengan idoneidad en la materia.

Artículo 58

   (Derogaciones) Deróganse los artículos 1° al 39 y del 49 al 74 del Decreto N° 308/021, de 10 de setiembre de 2021.

Artículo 59

   Comuníquese, etc.-

   YAMANDÚ ORSI - JUAN CASTILLO - GABRIEL ODDONE
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