REGLAMENTACION DE LA LEY Ley 20.506, RELATIVA A LA PROMOCION DEL TRABAJO DIGNO Y DECENTE DE LAS PERSONAS QUE ENFRENTAN MAYORES OBSTACULOS O RESTRICCIONES PARA ACCEDER AL MERCADO LABORAL
CAPITULO II - POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL SECTOR PRIVADO Sección Primera - Condiciones Generales
Artículo 6
(Condiciones generales de las personas) Las personas mencionadas en el artículo anterior deberán cumplir con las siguientes condiciones:
a) No tener actividad abierta en el Banco de Previsión Social, en calidad de trabajadores o trabajadoras o de titulares de empresas al momento de la contratación.
b) Contar con Cédula de Identidad Uruguaya vigente o con la Hoja de Identidad Provisoria en los casos que corresponda.
c) En el caso de las personas jóvenes, menores de 18 (dieciocho) años de edad, deberán contar con el carné de trabajo habilitante otorgado por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. El trabajo de estas personas se realizará bajo medidas de protección integral, previniendo cualquier tipo de actividad laboral peligrosa o nociva para su salud, así como aquellas que afecten .su desarrollo físico, espiritual, moral o social. Queda prohibido todo trabajo que impida el disfrute del bienestar en compañía de su familia o responsables, o que obstaculice su formación educativa, siendo de aplicación las disposiciones establecidas en el Capítulo XII del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823, de 7 de septiembre de 2004, y sus modificativas).
d) En el caso de las mujeres jefas de hogares monoparentales, de las personas afrodescendientes, y de las madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 (quince) años de edad, se deberá informar a través del sistema de registro establecido en el artículo 7° del presente decreto.
e) Para el caso de las personas en situación de discapacidad, las mismas deberán estar inscriptas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, o en el Programa de Discapacidad en modalidad de tiempo completo o parcial del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, o haber sido valoradas a través del sistema del Banco de Previsión Social para percibir la pensión por invalidez regulada por la Ley N° 20.130, de 2 de mayo de 2023, o disponer de la Tarjeta de Gestión Social por motivos de discapacidad para el Sistema de Transporte Metropolitano.
Las personas cuyos trámites se encuentren en proceso deberán informarlo a través del sistema de registro establecido en el artículo 7° del presente decreto.
Sin perjuicio de las valoraciones otorgadas por las instituciones previstas anteriormente, la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá suscribir acuerdos con otros organismos públicos nacionales o departamentales que cuenten con instrumentos técnicos de valoración de la discapacidad, a los efectos de garantizar la equidad territorial y el alcance efectivo de la política en todo el país.
Las personas en situación de discapacidad que sean contratadas al amparo de la ley que se reglamenta y que no se encuentren inscriptas en el Registro de Personas con Discapacidad serán derivadas al Instituto Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social para su valoración, la cual no podrá exceder el plazo de 3 (tres) meses.
Una vez que las entidades públicas competentes en la materia realicen la adecuación e implementación del instrumento de medición de la discapacidad a través del baremo único dispuesto por la Ley N° 18.651, de 19 de febrero de 2010, en la redacción dada por la Ley N° 20.378, de 24 de setiembre de 2024, se utilizará dicho instrumento para adecuar la aplicación de la ley que se reglamenta, a las circunstancias de cada persona.
f) En el caso de las personas trans, deberán disponer de la Tarjeta Uruguay Social para Personas Trans o haber realizado el cambio de nombre y/o sexo registral ante la Dirección General de Registro de Estado Civil.
g) Para el caso de las personas privadas de libertad en una unidad del Instituto Nacional de Rehabilitación o del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, las personas sujetas a medidas alternativas ala privación de libertad y las personas puestas en libertad hasta 3 (tres) años de su liberación, será el Instituto Nacional de Rehabilitación o el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente quien informe a la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre el cumplimiento de estas condiciones.