El beneficio previsto en el artículo 8º del citado Decreto Constitucional, no podrá, en ningún caso, exceder de seis meses.
Cuando el profesional sea funcionario contratado o a término, y el
plazo que restare para la vigencia de su contrato fuese inferior a los
referidos seis meses, dicho beneficio cesará automáticamente al
vencimiento del plazo contractual.