La comprobación de la comisión de ilícitos aduaneros o tributarios por
parte de la justicia competente, por parte de cualquiera de los titulares
de las empresas que operan bajo el régimen del Decreto Nº 367/995, de 4
de octubre de 1995, dará lugar a la revocación del respectivo permiso,
sin perjuicio de las facultades otorgadas a la administración por las
normas reglamentarias.