Ley 13.720
Se crea la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos para la actividad
privada y se determina su integración y cometidos.
Poder Legislativo.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
Créase una Comisión de Productividad, Precios e Ingresos para la
actividad privada.
Su finalidad es articular medidas encaminadas a contrarrestar los
actuales factores inflacionarios, promover niveles óptimos en la producción nacional y lograr una equitativa distribución del ingreso de
acuerdo al régimen que establecen los artículos siguientes, sin perjuicio
de la competencia que le asignen los artículos 3.o y siguientes de la
presente ley.
Las resoluciones de la Comisión serán sometidas a la consideración del
Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, estándose a lo que éste decida
por resolución fundada.
La Comisión se integrará con:
a) Cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, en Consejo de
Ministros;
b) Dos miembros propuestos por el sector empresarial; y
c) Dos miembros propuestos por el sector laboral.
Los miembros indicados en los incisos b) y c) así como cuatro
suplentes de los mismos, serán elegidos por el Poder Ejecutivo, en
Consejo de Ministros, de listas de seis candidatos que le propondrán,
respectivamente, las entidades empresariales y laborales representativas
de la industria y del comercio que posean personería jurídica. Si las
proposiciones no fueren formuladas dentro de los quince días siguientes
a la invitación que con tal objeto formule el Poder Ejecutivo, éste podrá
hacer las designaciones de oficio.
En caso de que alguna organización gremial representativa impugne la
lista de candidatos propuestos, se procederá a la elección de una lista nueva, bajo el sistema de voto secreto y representación proporcional, controlado por la Corte Electoral, dentro de los 120 días de llevada a cabo esta impugnación. En tanto se realice esa elección, actuarán provisoriamente los candidatos que el Poder Ejecutivo designe de la lista
impugnada.
Los miembros de la Comisión durarán dos años en sus funciones y no
recibirán remuneración de especie alguna. Los cinco miembros designados
por el Poder Ejecutivo podrán ser sustituidos por éste en Consejo de Ministros.
Son cometidos principales de la Comisión:
a) Formular categorías uniformes de actividades tomando en cuenta el
lugar de su radicación procurando, en lo posible, que a igual tarea,
en igualdad de produtividad y condiciones laborales, corresponda
similar remuneración;
b) Fijar periódicamente las remuneraciones mínimas y máximas que habrán
de corresponder a cada una de las categorías salariales;
c) Ajustar las normas de los convenios colectivos y laudos de consejos de
salarios de acuerdo a los criterios que establezca para el
ordenamiento laboral general;
d) Fijar precios máximos a los bienes y servicios manifiestamente
esenciales o convenientes para el consumo popular;
e) Actuar como órgano de consulta del Poder Ejecutivo en cualquier asunto
que éste le someta relativo a productividad, precios, ingresos o cuestiones laborales;
f) Actuar como órgano de conciliación respecto de situaciones
conflictuales colectivas de carácter laboral que le sean planteadas.
Ninguna medida de huelga o "lock out" será considerada lícita si el
problema que la origina y la decisión de recurrir a tales medidas no
han sido planteados con no menos de siete días de anticipación a la
Comisión.
Tratándose de servicios públicos, incluso los administrados por
particulares, además de ser de aplicación el régimen de los dos últimos
incisos del artículo anterior, la Comisión podrá indicar, por resolución
fundada dentro del plazo de cinco días a contar de la recepción de la comunicación los servicios esenciales, que deberán ser mantenidos por turnos de emergencia, cuya interrupción determinará la ilicitud de la huelga o el "lock out" en su caso. Esta decisión podrá ser objeto de los
recursos previstos en el artículo 317 y concordantes de la Constitución,
y en el artículo 347 de la ley N.o 13.318, de 28 de diciembre de 1964.
En caso de interrupción de servicios esenciales, la autoridad pública
podrá disponer las medidas necesarias para mantener dichos servicios,
recurriendo incluso a la utilización de los bienes y la contratación de prestaciones personales indispensables para la continuidad de los mismos,
sin perjuicio de aplicar, al personal afectado, las sanciones legales pertinentes.
En los casos del artículo anterior, así como en los previstos en los
dos últimos apartados del artículo 3.o, la Comisión podrá disponer por
sí -antes o después de la aplicación de las medidas a que ellos se refieren y bajo el régimen de votación secreta, la que deberá tener lugar
dentro del plazo que determine- que las organizaciones gremiales efectúen
una consulta a los trabajadores o empleadores afectados por las medidas,
con objeto de verificar si ratifican o rechazan el empleo de las mismas
o, eventualmente, las fórmulas de conciliación propuestas. En tales casos
la Comisión podrá, por sí o a pedido de cualesquiera de las
organizaciones gremiales interesadas, solicitar la intervención de la
Corte Electoral en la votación respectiva.
Las infracciones al régimen de la presente ley en materia de precios e
ingresos serán sancionadas de acuerdo a lo que prevé la ley N.o 10.940 de
19 de setiembre de 1947, y modificativas, sin perjuicio de las demás sanciones que legalmente puedan corresponder.
El régimen de estabilización de los precios de bienes y servicios, y
de los ingresos, impuesto por el decreto de 28 de junio de 1968
continuará en vigencia para el sector privado en todo lo que no sea modificado de acuerdo a los mecanismos que prevé la presente ley. Con
este alcance, declárase Ley de la Nación para todos los efectos a que hubiere lugar, desde su fecha, el decreto 420/68 del Poder Ejecutivo de
28 de junio de 1968.
Los precios correspondientes a la actividad industrial o comercial
desarrollada por organismos públicos, no podrán ser aumentados sobre sus
niveles vigentes al 26 de junio de 1968, sin el previo consentimiento
del Poder Ejecutivo.
Dentro de los sesenta días de su instalación la Comisión se
pronunciará sobre las situaciones que presenten mayor necesidad de equitativos ajustes, teniendo en cuenta la remuneración que se perciba,
la categoría del Trabajador y el lapso transcurrido desde el último
ajuste salarial.
Dentro de los dos años de aplicación de esta ley, se instituirá un
régimen definitivo para regular la materia a que ella se refiere; hasta
que dicho régimen entre en vigencia, se seguirán aplicando las normas que
anteceden.
Dentro de los 180 días de promulgada esta ley, el Poder Ejecutivo
remitirá un proyecto de ley que comprenda disposiciones sustitutivas de
los artículos 3.o, apartado F), 4.o y 5.o; mientras el nuevo régimen no
entre en vigencia, se aplicarán las normas referidas.
Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 11 de
diciembre de 1968.
ALBERTO E. ABDALA, Presidente. - José
Pastor Salvañach, Secretario.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Defensa Nacional.
Ministerio de Industria y Energía.
Montevideo, 16 de diciembre de 1968.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos. -
PACHECO ARECO. - JULIO CESAR ESPINOLA. - General ANTONIO FRANCESE. -
JORGE PEIRANO FACIO.