Facúltase al Poder Ejecutivo a sustituir por las declaraciones juradas
de los administrados o quiénes los representen u otros medios de prueba
idóneos, las exigencias legales de presentación de certificados en los
trámites administrativos a realizarse ante la Administración Central,
Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
La misma facultad, en su ámbito de competencia, tendrán los restantes
organismos públicos.