La Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir alas
instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay para que
impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de
operaciones que involucren a personas físicas o jurídicas respecto de las
cuales existan fundadas sospechas de estar vinculadas a organizaciones
criminales relacionadas con los delitos cuya prevención procura la
presente ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia
Penal competente, la cual, consideradas las circunstancias del caso,
determinará si correspondiere, sin previa notificación, la congelación de
los activos de los partícipes.