Los responsables de una base de datos o similar, dispondrán de un plazo
de noventa días a partir de la entrada en vigencia de esta ley para
actualizar sus registros de acuerdo con lo dispuesto en la misma. Deberán
además, implementar un mecanismo informático mediante el cual, una vez
transcurridos los plazos precedentemente señalados, los datos caducos
sean eliminados.
En el mismo plazo, los acreedores por obligaciones que fueron registradas
por impagas incorporadas al registro, archivo o base de datos desde hace
más de cinco años, podrán solicitar su actualización.