Los gastos originados por la impresión de hojas de votación estarán a cargo de la Corte Electoral.
Esta abonará o reintegrará las cuentas visadas por las autoridades de los partidos o grupos políticos hasta el importe de dos millares de hojas de votación por cada centenar de votos obtenidos.
La Corte establecerá el precio máximo unitario de las hojas de votación en el momento de determinar sus dimensiones.