El funcionario que al depositar en el Banco de la República o en cualquier otro, dinero o valores del Estado, en vez de hacerlo a la orden de la Oficina depositante, lo haga a su orden personal o a orden de otra persona, incurrirá en falta grave, penada por la primera vez, con suspensión máxima. En caso de reincidencia, corresponderá la destitución debiéndose pasar los antecedentes a la justicia.