En caso del fallecimiento del propietario de una finca financiada de acuerdo con esta ley le será aplicable a los herederos la limitación del artículo 30 de la ley Nº 9.723, de 19 de noviembre de 1937, y la de pedir la enajenación forzada; siempre que dicha finca constituya la vivienda del cónyuge supérstite y que éste no posea otros bienes raíces cuyo aforo en conjunto, exceda de veinte mil pesos incluído el de dicha vivienda.