Exceptuados los cultivos existentes, a partir de la presente ley toda empresa de cultivo de especies sacarígenas que aspire a sus beneficios, someterá al juicio del Poder Ejecutivo, que se pronunciará previo informe de sus organismos técnicos, la conveniencia de la zona y la aptitud de la tierra destinada a aquel fin, así como la efectividad de las obras de riego, en el caso de cultivo de caña de azúcar.(*)