En los artículos en que esta ley impone al Poder Ejecutivo, antes de
dictar resolución, la obligación de requerir informe previo de otros
organismos públicos, podrá prescindirse de dicho informe cuando no se
expida en el término de treinta días.
El Poder Ejecutivo, al solicitar los informes, podrá reducir dicho
plazo cuando mediaren razones de urgencia.