Compete al Poder Ejecutivo, por intermedio de la Dirección Nacional de
Bomberos dependiente del Ministerio del Interior, la función de policía
del fuego en sus fases preventiva y ejecutiva, así como todo lo relativo a
la prevención y combate de fuegos y siniestros, que aparejen peligro
inmediato para la vida humana o los bienes.
A tales efectos, tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.